La resolución, avalada por más de 130 países, pide la opinión de la CIJ en cuanto a las consecuencias jurídicas que los Estados deben afrontar por sus “actos y omisiones que hayan causado daños significativos al sistema climático y a otros elementos del medio ambiente”, perjudicando en particular a los pequeños Estados insulares en desarrollo, que, “debido a sus circunstancias geográficas y a su nivel de desarrollo, son especialmente afectados por los efectos adversos del cambio climático o son más vulnerables a ellos”.