Gobierno insiste en suicidio de esposo de María Amparo Casar, divulga dictamen
El documento divulga sin testar el nombre e información personal del ahora occiso, así como los datos personales de otras personas involucradas
El Gobierno Federal divulgó este domingo el dictamen de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) sobre la muerte del ex coordinador de asesores de Petróleos Mexicanos, Carlos Fernando Márquez Padilla García, en el que se aprueba el no ejercicio de la acción penal por tratarse de un asunto de privación voluntaria de la vida.
El documento de 11 fojas fue certificado en febrero de este año por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y fue divulgado hoy 5 de mayo a través de las redes sociales oficiales del Gobierno de México.
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La difusión del dictamen se da dos días después de que el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, sostuvo que la muerte del ex coordinador de asesores de la petrolera estatal, ocurrida en 2004, se debió a un presunto suicidio, y acusó a quien era su esposa en aquel momento, la académica María Amparo Casar Pérez, de cobrar una pensión indebida por más de 31 millones de pesos, a lo largo de los años transcurridos, tras hacer pasar el hecho como un accidente en su lugar de trabajo.
El dictamen establece que “en este caso, no se acreditaron los elementos constitutivos del cuerpo del delito de homicidio, y que, de acuerdo a lo actuado, en la hora occiso realizó maniobras con el fin de quitarse la vida lanzándose por la ventana del 12 piso del edificio de Pemex”.
Lo anterior, con base en el “dictamen de criminalística de campo en el que elaboraron mecánica de hechos, y en el que se concluyó que Carlos Fernando Márquez Padilla García, al encontrarse en su oficina, se precipitó por una ventana”.
El documento detalla que el ex funcionario de Pemex cayó por la ventana “con la cabeza hacia abajo, perdiendo el calzado al caer, rasgándose sus ropas y cinturón, ya que fue golpeando el cuerpo contra las estructuras metálicas y las ventanas del edificio, y al caer al piso se había golpeado primeramente la cabeza, posteriormente la región dorsal y las extremidades inferiores”.
Otro de los detalles que revela que no se encontraron “indicios de violencia en la oficina, ya que todo estaba en orden, por lo cual se consideró que, muy probablemente en los hechos, no hubo la participación de terceras personas, resultando con esto que el ahora occiso realizó maniobras de tipo suicida para privarse de la vida”.
Por este motivo, el dictamen estimó en su resolución que “es procedente autorizar la propuesta de no ejercicio de la acción penal”.
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GOBIERNO DIVULGA DOCUMENTO SIN PROTEGER DATOS PERSONALES
El documento divulga sin testar el nombre e información personal del ahora occiso, así como los datos personales de otras personas involucradas.
Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador del pasado viernes, en la que el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, divulgó inicialmente detalles e información personal del caso, el primer mandatario acusó a María Amparo Casar de acudir con “el procurador en aquel entonces para cambiar el dictamen de lo que se demostró fue un suicidio, para que se aceptara como un accidente y se pagaran seguros y una pensión vitalicia de 130 mil pesos”.
En respuesta, la presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), negó haber solicitado al ex procurador del DF, Bernardo Bátiz, el cambio de dictamen para poder cobrar la pensión y calificó las acusaciones de Pemex y López Obrador como una infamia.
“Se trata de una infamia, se trata de una mentira, se trata de una ruindad y se trata del abuso del aparato del estado para acallar y para vengarse de una ciudadana que preside MCCI”.
INAI INVESTIGA DIFUSIÓN DE DATOS PERSONALES DE CASAR
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) inicio una investigación por la difusión de datos personales contenidos en el caso “Márquez Padilla”, en el que Pemex acusa a María Amparo Casar de corrupción.
En un comunicado, el Instituto indicó que de acuerdo con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), la Presidencia de la República es responsable de proteger los datos personales que posee y esta obligada a cumplir con los principios, deberes y obligaciones, previstos en la normatividad.
Asimismo, el INAI advirtió que los documentos difundidos contienen datos de personas relacionadas por vínculos de parentesco, que identifican a diferentes personas físicas, por lo que presume la existencia de incumplimientos a la LGPDPPSO.
Con información de Aristegui Noticias
