Congreso de Tamaulipas blinda de por vida a Francisco Cabeza de Vaca
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Le dan ‘guaruras’ de forma vitalicia argumentando riesgo por combate al narcotráfico
Diputados de Tamaulipas, en su mayoría panistas, aprobaron durante la sesión permanente la Ley de Seguridad Pública, para asignar al gabinete y al gobernador actual, Francisco Cabeza de Vaca, recursos públicos que serán utilizados en vehículos blindados y escoltas para brindar seguridad al concluir la actual administración. El dictamen fue aprobado por 3 votos del PAN y PRI a favor y 2 de Morena en contra.
El dictamen fue presentado por el diputado priista Florentino Senz Cobos, quien en la exposición de motivos destacó que es necesario garantizar la seguridad del gobernador saliente Francisco García Cabeza de Vaca y su gabinete de seguridad, ya que en su administración combatió la delincuencia organizada.
“Resulta evidente que el ejercicio de las atribuciones en materia de seguridad pública y procuración de justicia, conlleva un riesgo para la seguridad personal, la salud, la integridad y la vida de las y los servidores y ex servidores públicos involucrados en las acciones de investigación, persecución y combate al delito y que el Estado debe proveerles de los elementos necesarios para la preservación de su seguridad”, se lee en la iniciativa citada por medios.
Con ello, estaría garantizada la seguridad del Gobernador estatal y los titulares de la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General de Justicia.
Esta no es la primera vez que legisladores locales tratan de proteger al Gobernador Cabeza de Vaca, cuyo mandato finaliza en 2022, permanece libre a la fecha a causa de que la mayoría panista del Congreso local no ha homologado el juicio de procedencia en su contra que avaló la Cámara de Diputados —con mayoría de Morena y sus aliados— para ser enjuiciado.
La Fiscalía General de la República investiga al mandatario por delincuencia organizada y lavado de dinero y en su contra hay una orden de aprehensión.
La Legislatura tamaulipeca determinó que no procedía el desafuero contra el mandatario y dio paso a una controversia legal que está a la espera de ser atendida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
