UAD, ¿por qué estaría operando ‘sin autorización’?

No es la primera ocasión en la cual el secretario de Educación Pública, Higinio González Calderón, vierte fuertes declaraciones en relación con el funcionamiento de la Universidad Autónoma de Durango en territorio coahuilense. Ya en abril pasado, el funcionario estatal “denunció” que la oferta educativa de la referida institución privada carecería de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

Cinco meses después, el funcionario ha reiterado el señalamiento, añadiendo a éste una sentencia que merece análisis puntual: “por honestidad académica no debiera ni siquiera recibir inscripciones”, dijo al asegurar que los trámites para la obtención del reconocimiento ni siquiera han sido iniciados.

“No tiene el RVOE todavía. Ni siquiera ha iniciado el trámite con nosotros. Para el área de la salud no tiene ninguna autorización, ni ninguna solicitud”, fueron las palabras textuales del secretario, a partir de las cuales habría que concluir que los programas educativos de Nutrición, Fisioterapia, Medicina General, Odontología y Psicología, ofrecidas por la citada institución, serían “carreras patito”.

Frente al señalamiento del secretario resulta obligado cuestionar por qué la Secretaría de Educación de Coahuila permite la operación de una institución que ni siquiera ha iniciado el trámite respectivo.

La Sedu no es un medio de comunicación, ni una asociación civil, ni una agrupación de activistas cuya única herramienta para defender el interés público sea la denuncia pública.

La Secretaría encabezada por González Calderón es una autoridad dotada de instrumentos legales para actuar en defensa del interés público, en este caso de los estudiantes universitarios.

Que el titular de la Sedu se comporte como si fuera un ciudadano de a pie resulta inaceptable. Si, como lo ha dicho, la dependencia a su cargo cuenta con las evidencias de que una institución educativa está defraudando la confianza de sus clientes, su deber no es salir a dar declaraciones para “advertir” a la ciudadanía del hecho, sino actuar a partir de sus responsabilidades.

¿Por qué permite la Sedu la operación de una universidad privada que ni siquiera se ha tomado la molestia de presentar la solicitud correspondiente para operar en nuestra entidad? ¿Por qué se limita simplemente a lanzar “advertencias” y a formular reconvenciones morales?

Resulta llamativo, por decir lo menos, que la Sedu tuviera información al respecto, al menos desde abril pasado, y sus funcionarios permanezcan impasibles frente a una presunta irregularidad que no solamente se desarrollaría a la vista de todos, sino que la propia dependencia asegura tener documentada.

¿A qué espera la autoridad educativa de la entidad para ejercer sus facultades legales en el caso? ¿Está impedida de alguna forma para actuar en contra de la institución denunciada y sus directivos? ¿Alguien está “protegiendo” a la referida Universidad y eso le ha “atado las manos” al secretario González Calderón?

Cualquiera que sea la respuesta, no cabe duda que, por encima de la irregularidad que pudiera estar cometiendo la UAD, la actuación irresponsable en este caso sería la de la Sedu.