Se rebelan indígenas contra minera canadiense en Puebla

El río Apulco que inicia en el municipio de Zautla, Puebla, y desemboca hasta el Golfo de México está en riesgo de contaminarse con desechos tóxicos, lo cual afectaría a once comunidades, al medio ambiente y a los cultivos. Unidos y basados en experiencias de otros estados, este sábado alrededor de 300 familias y organizaciones campesinas y civiles realizaron una caravana de unos 60 autos y camiones rumbo a la Presidencia Municipal de San Francisco Ixtacamaxtitlán para rechazar la mina de cielo abierto que la empresa canadiense Almaden Minerals pretende instalar en la Sierra Norte poblana.

En Asamblea en la cabecera municipal, exigieron una vez más al Alcalde panista Eliazar Hernández Arroyo que no autorice el uso de suelo a Almaden, dueña del 72 por ciento de las concesiones mineras en esa zona. Con ello evitaría que inicie la otra etapa de exploración como parte del proyecto para extraer oro y plata en un espacio equivalente a 140 canchas de fútbol. Sin embargo, el Alcalde panista otra vez no acudió a la invitación de quienes dice representar.

“No sería la primera vez que no llega”, dijo Irma Hernández, originaria de Ixtacamaxtitlán. “Me apena mucho decirlo, pero hicimos un primer foro al inicio de su gobierno y se enfermó ese día; no llegó. Muchas veces nos ha dejado plantados. Se me hace una falta de responsabilidad y de respeto hacia las personas que llevamos años pidiéndole que haga algo. Habla de un silencio de poca importancia a esto”.

Miguel Sánchez Olvera, campesino de Olintla, Puebla, afirmó que “ya estuvo suave, tenemos que defender la vida. En caso necesario, tenemos que dar la vida por la vida. Estamos defendiendo el agua”.

Durante el evento exigió “que [el Presidente Municipal] se presente porque no lo hemos visto cada vez que participo en una asamblea. Una vez que se presentó se hizo el enfermo, que le dio el patatús, se le quería parar el corazón y se fue. Están vendidos, nomás le hacen al tonto. Le temen al pueblo porque ya está despierto”.

Los habitantes de Ixtacamaxtitlán y las comunidades aledañas de Santa María, Zautla, Olintla y otras llevan casi cinco años de lucha rechazando este proyecto para evitar desastres ocurridos, por ejemplo, en el río Bacanuchi, Sonora, por el derrame de tóxicos de una mina de Grupo México en agosto de 2014. El proyecto minero Ixtaca afectaría las tierras de cultivo de la población de Loma Larga, además del suministro de agua de más de mil 600 personas. La Secretaría de Economía obligó a Almaden a que publique su estudio de impacto ambiental el viernes 23 de marzo.

Los opositores son conscientes que incluso podrían perder la vida por defender precisamente la vida: su agua y su tierra, dijeron en entrevistas. SinEmbargo solicitó la versión del Alcalde, pero no obtuvo respuesta. En febrero de 2013 declaró no estar “a favor ni en contra de la minería”.

“Al principio de esta lucha nos alarmamos mucho porque no nos dimos cuenta a qué hora entraron y llevaban más de 10 años trabajando. Estábamos muy preocupados”, contó Irma. “Nos robaba el sueño. Decíamos: ‘Somos poquitos, qué vamos a hacer ante este monstruo’. Pero algo que nos ayudó mucho es empezar a dar información en todas las comunidades. Mucha gente no sabía a lo que nos estábamos enfrentando. Se convocó a varias comunidades para que nos dijeron cuáles eran nuestros derechos porque tampoco sabíamos cuáles se iban a vulnerar si se llevaba a cabo la minera. Estuvimos de acuerdo que serían el derecho a la vida, al agua, al medio ambiente y a la salud”.

En diciembre habitantes de Ixtacamaxtitlán se manifestaron simultáneamente en el Parlamento de Ottawa, Canadá, y en la entidad mexicana.

El sábado, la caravana y sus consignas como “Agua sí, oro no” hicieron una parada en Santa María Sotoltepec, población donde la empresa Almaden tiene sus oficinas.

“Al pueblo de Santa María que es muy pequeño ya lo tienen bien dominado, bien asustado. Hace como seis u ocho meses, a un señor ya grande el viejo ese Morgan [Poliquin, director de la empresa], que es canadiense, le mató a un perro porque se opuso a que entrara a su tierra sin su permiso. De un coraje, en su camioneta 4×4 le atropelló al perro”, contó Miguel.

La campesina Pascual, de Zautla y presente en el mitin, dijo que su familia de doce personas depende del cultivo de maíz, trigo y cebada. Teme que con la operación de la minera las tierras queden dañadas y ya no se den sus productos. “Nos va afectar a toda nuestra Madre Tierra”, aseguró entre consignas de sus compañeros y vecinos. “No hace falta oro / no hace falta plata / cuidemos nuestra tierra porque el cianuro mata”, los manifestantes gritaban. Marcelino, otro campesino, cargaba un letrero con la leyenda “Por el agua libre de cianuro y la sierra libre de explosivos”. Para la instalación del proyecto minero se prevé explotar cerros cerca de Santa María.

“Que esta minera devastadora se salga de aquí. No la queremos”, exigió Francisca Zamora. Los cientos de presentes se unían con el grito “fuera” contra la minera. Una anciana chiflaba y gritaba furiosa: “Que se vayan a su tierra. ¡Que se larguen!”.

ACCIONES DE MINERA A LA BAJA

El proyecto minero que Almaden pretende hacer en el municipio de Ixtacamaxtitlán, con más de 25 mil habitantes, es a través de dos de sus filiales, minera Gorreón y minera Gavilán, las cuales adquirieron desde 2003 y 2009 las concesiones mineras Cerro Grande y Cerro Grande II que abarcan un territorio de más de 14 mil hectáreas. En informes a sus inversionistas, la empresa dirigida por Morgan Poliquin ha negado que la zona esté habitada. Mucho menos reconoce que haya población indígena en oposición, y la ha descrito como un terreno “vacío” o “nulo”.

Pese a los engaños de la minera Almaden, el valor de la acción de la empresa valía 82 centavos el lunes frente a los 2.84 dólares que valía hace cinco años, cuando comenzó la lucha. Hace siete años tuvo su máximo histórico de 4.89 dólares. En el mitin en Santa María los opositores a la minera gritaban: “Inversionistas / si no quieren perder / no creas en las mentiras que dice Almaden”.

“La acción ha decaído totalmente. Ustedes ya han hecho un gran avance”, aseguró el sábado entre aplausos de la asamblea Benjamín Cokelet, director de la organización PODER que ha acompañado la lucha de casi un lustro. “Los inversionistas de la empresa saben lo que está pasando, el gobierno mexicano y de Canadá saben lo que está pasando. El proyecto quizás está en su último aliento. Si no lo hacen por ustedes, háganlo por sus hijas, hijos, nietos, nietas. Este proyecto va envenenar el agua, el medio ambiente y su propia salud. Estamos a tiempo de detenerlo”, agregó.

Diana Pérez, la abogada del caso, dijo en entrevista que la minera está en una primera etapa de exploración en la cual necesita solo un informe preventivo aprobado por Semarnat y ya han entregado siete. Para poder avanzar al siguiente pasó de exploración necesitan licencias, autorizaciones y permisos de dependencias del Estado, entre ellas la del cambio del uso de suelo tanto federal como local que es la que expide el Presidente Municipal, Eliazar Hernández, quien, afirmó la abogada, se comprometió a no otorgar el cambio de suelo del municipio. Pero ha evadido la presión de la gente para que se comprometa en una sesión de cabildo, expuso la litigante.

“Las licencias que necesitan para pasar a la fase de explotación del proyecto aún no tienen ninguna de ellas. No tienen ni concesión de agua, de cambio de uso de suelo forestal otorgado a nivel federal. Ellos presumen a sus inversionistas que están en una etapa de exploración avanzada. Tienen oficialmente desde 2009 en una exploración, así que no sé qué tan avanzado pueda ser eso”, ironizó.

Julio César Laureano, estudiante del Centro de Estudios de Desarrollo Rural (Cesder) en Zautla, dijo en entrevista que a los inversionistas les están ocultando cierta información como que no hay comunidades indígenas y no hay resistencias, “pero es todo lo contrario”.  A ellos les prometen que va haber carreteras, hospitales, escuelas y que la gente va a tener empleos, “pero a costa de qué y normalmente son temporales”, cuestionó.

“Sabemos que las empresas mineras tienen muchos intereses económicos, pero nosotros vemos como interés el tema de la vida. Para nosotros es más importante la vida y el agua que un metal como el oro y la plata que no se bebe, no se come no se respira; no es indispensable”, dijo Laureano.

Miguel Sánchez Olvera, campesino de Olintla, Puebla, aseguró que actualmente están bien con la naturaleza, pues “se da bien” el frijol, el maíz y productos básicos para vivir.

“Estos nos vienen a ilusionar que si dejamos que entren empresas a sacar oro o plata que vamos a tener dinero, que es el progreso para nuestros pueblos, que somos ignorantes porque no les permitimos que entren. Muchos de nuestros hermanos están en contra de nosotros, que somos alborotadores, que no queremos que haya progreso. Pero esto no es así. El progreso no es como nos lo pintan. No somos un pueblo tonto, somos un pueblo originario que siempre ha existido. Yo soy totonaco y hablo mi lengua; yo sé que ahí está la sabiduría de nuestros antepasados. Manejamos la astrología, la medicina; no estamos peleados con la tecnología ni con la ciencia”, afirmó.

EVITAR CONSULTA A COMUNIDAD

La abogada Diana Pérez explicó que si el Alcalde Eliazar Hernández da el permiso de uso de suelo se estaría violentando el derecho al agua, a la salud, a un medio ambiente sano, a la vida misma y a otros como a la alimentación. Sin embargo, la empresa no ha realizado la consulta libre, previa e informada que le exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“En el tercero de los siete informes preventivos que Almaden presenta para ser aprobado, la Semarnat le condiciona que debe hacer la consulta a pueblos indígenas. La empresa se amparó en contra de esa condicionante y la Semarnat siguió otorgando los siguientes informes preventivos sin hacer mención alguna a la consulta”, expuso.

Ante ello los pueblos han levantado actas de Asamblea comunitaria o ejidal declarando sus territorios libres de proyectos ante registros públicos o agrarios. “Se están adelantando a que la autoridad venga para preguntarles si quieren o no el proyecto. Ellos tienen la decisión con documentos que no”, afirmó Pérez.

En febrero de 2018, Juan Pablo Gudiño Gual, el director jurídico de GMI Consulting, quien elaboró la Evaluación de Impacto Social de Almaden, declaró que en Ixtacamaxtitlán no existe población indígena. Pero cinco instancias gubernamentales (Semarnat, Inegi, Sedesol, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas) reconocen la presencia indígena en el municipio.

Miguel Sánchez Olvera, campesino de Olintla, Puebla, afirmó que la lucha de familias enteras es para no permitir que esta empresa canadiense contamine su río. “Viene a despojarnos con engaños desde los gobiernos municipales, federal y estatal. Es un ecocidio a nuestros pueblos originarios”, dijo a este medio.

“Ellos nos vienen a decir que no somos dueños de nuestro territorio. Nosotros somos orgininarios, dueños milenarios y vienen a destrozar desde nuestra cultura, nuestra forma de vivir, convivir y practicar nuestra espiritualidad. No vamos a permitir a empresas trasnacional y nacionales que vienen junto con nuestros gobiernos. La tierra no se vende. Se ama y se defiende. El agua también”, agregó Sánchez Olvera, quien vive en el distrito Zacatlán de las Manzanas. Ahí, contó, actividades industriales de extracción de arcilla se han adueñado de su agua, ya que al pueblo le dan doce horas por semana de suministro.

Ante ello, Julio César Laureano, a nombre del Centro de Estudios de Desarrollo Rural (Cesder), exigió “que se hagan consultas reales, no hechas por debajo del agua o con convenios con las autoridades correspondientes para que en papel plasmen que realmente las comunidades están a favor de las empresas”.

La abogada Diana Pérez expuso que han emitido varias acciones legales en contra de las diferentes autoridades que se encuentran autorizadas para el desarrollo del proyecto. El 7 de abril del 2015 se interpuso una demanda de amparo por un ejido llamado Tecoltémitl del municipio de Ixtacamaxtitlán, el cual señalaba a la justicia federal la violación del derecho a la autodeterminación, tierra, territorio y consentimiento como tal para la emisión de títulos de concesión mineras.

“Este juicio después de tres años está ya en una fase final, en la cual estaríamos esperando en los próximos meses tener una resolución del caso, lo cual significaría entrar al análisis de derechos humanos del ejido y también se señaló el análisis de la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley minera”, explicó.

También se hizo un juicio de nulidad en contra del último informe preventivo Ixtaca IV, ya que se le hizo saber a la Semarnat que Almaden ya había sobrepasado la normativa oficial mexicana. Pero no han tenido respuesta de los juzgados.

La empresa Almaden ha seguido sus pasos, dijo Irma Hernández, originaria del municipio. “La mira está en el proyecto que quieren hacer a como dé lugar, esa necedad aunque ya dijimos que no queremos”.

Por ello, “nos queda claro que nuestros gobiernos no nos van a apoyar en esta protección de la vida y del cuidado de la tierra, si no somos nosotros los que vivimos en las regiones”, concluyó Irma, originaria de Ixtacamaxtitlán. “Estamos al pendiente y debemos tener claridad que con violencia no se puede ganar una lucha, sino que tenemos que buscar muchos mecanismos sin que tengamos que perder vidas, aunque sabemos que eso puede pasar”.