¿Se acabará la ‘democracia millonaria’ de México?

La cúpula del partido Movimiento Regeneración Nacional planteó ayer, a través de su dirigente nacional y quienes integran la futura bancada de dicho partido en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, reformas legales a fin de disminuir drásticamente el gasto electoral del País.

La propuesta de los legisladores electos de Morena, aunque no fue puntualizada, implicaría reducir el financiamiento público a partidos, así como el gasto administrativo del INE y los órganos electorales de los estados, en consonancia con la política de austeridad anunciada por el futuro Presidente de la República.

“Así como dice Andrés Manuel: ‘no puede haber gobierno rico con pueblo pobre’, pues tampoco partidos, al menos nosotros vamos a poner el ejemplo. Morena va a ceder el 50 por ciento de su presupuesto para que se reasigne, y también lo vamos a hacer con el Congreso, con la idea de que los gastos se reduzcan, que todos tengan los mismos salarios, que sea lo mismo para todos”, ha dicho la dirigente nacional del partido, Yeidckol Polevnsky.

El planteamiento realizado por la dirigencia y legisladores electos de la que hoy es la principal fuerza política del País, sin duda, responde a un reiterado y viejo reclamo de la sociedad mexicana: que no se gaste tanto dinero en procesos electorales, pues resulta insultante que, mientras existen rubros prioritarios del desarrollo social que carecen de recursos, los partidos políticos y las instituciones electorales gocen de abultados presupuestos.

Y aquí habrá que decir que la ruta para reducir el costo de los procesos electorales no puede ser otra que la rectificación de los partidos políticos respecto del modelo electoral exigido, diseñado y legislado por ellos, a su entera conveniencia.

Porque si los procesos electorales mexicanos son tan caros, prolongados y complejos, es justamente porque los partidos políticos –todos, sin excepción– se han puesto de acuerdo para moldearlos de esa forma.

Por un lado, se ha creado una burocracia administrativa enorme que eventualmente duplica funciones –sin que por ello sea más eficiente– porque la última reforma electoral dejó una serie de vacíos y ambigüedades en la ley, que no ofrecen claridad respecto de las fronteras de la colaboración/subordinación entre el órgano electoral federal y los locales.

Por otro lado, a lo largo de las últimas tres décadas se han consolidado procedimientos como el de la expedición de la credencial para votar con fotografía, y la elaboración de las boletas electorales con una serie de mecanismos de seguridad y “candados” que las han vuelto sumamente costosas.

Es cierto: la democracia electoral mexicana podría costarle mucho menos dinero a los contribuyentes, pero esto no ocurrirá mientras los partidos políticos, únicos responsables de que tengamos un sistema electoral hipertrofiado, no rectifiquen en el modelo seguido hasta ahora.

Y una de las rectificaciones importantes que deben realizar es dejar de pensar en reformas electorales diseñadas para favorecer sus intereses, sino estrictamente para garantizar los derechos político-electorales de los ciudadanos.