Prisiones privadas para inmigrantes, negocio que crece en la era Trump
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Según un estudio realizado por el Migration Policy Institute, “en las últimas dos décadas, los abusos contra los derechos humanos dentro del sistema de detención de inmigrantes se han producido de manera desproporcionada en las prisiones privadas
Salt Lake City, Utah, 13 de agosto . — El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha recibido tres propuestas para un nuevo centro de detención de inmigrantes para sus operaciones en Salt Lake City, pero no sería construido en Utah.
La agencia federal comenzó la búsqueda para un nuevo centro de detención el año pasado en el área de Salt Lake City o al menos dentro de los 290 kilómetros de distancia de su oficina local y tribunal de inmigración, reportó el diario The Salt Lake Tribune la semana pasada.
Las propuestas fueron publicadas en internet por parte del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, un grupo de defensa de los derechos humanos con sede en Chicago, el cual realizó solicitudes de acceso a la información al ICE.
Las propuestas incluyen la ciudad de Evanston, Wyoming, ubicada a 133 kilómetros de distancia; Pahrump, Nevada, a 774 kilómetros y Aurora, Colorado, a 840 kilómetros de distancia.
Las tres propuestas provienen de tres diferentes compañías penitenciarias. Las principales beneficiarias de la política de “tolerancia cero” de Donald Trump en el frente migratorio han sido las empresas CoreCivic, Inc y el grupo GEO Inc.
Tan sólo estas dos corporaciones gestionan la mitad de los contratos para prisiones privadas en EU, uno de los negocios más pujantes en la era Trump.
En el año fiscal de 2017, estas dos empresas obtuvieron beneficios superiores a los 4 mil millones de dólares y los planes de expansión en distintos estados hablan de lo jugoso del negocio de encarcelar a inmigrantes indocumentados.
En ese mismo año, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) gastó aproximadamente 126 dólares por día por cada inmigrante o persona no ciudadana detenida.
Aunado a ello, organizaciones independientes han denunciado que el afán por sacar el máximo provecho de esta racha de detenciones, en detrimento de los derechos humanos de los inmigrantes, ha dejado un trágico saldo.
Según un estudio realizado por el Migration Policy Institute, “en las últimas dos décadas, los abusos contra los derechos humanos dentro del sistema de detención de inmigrantes se han producido de manera desproporcionada en las prisiones privadas.
“Entre el 1 de octubre de 2003 y el 19 de febrero de 2018, un total de 179 detenidos bajo custodia de ICE murieron en instalaciones privadas..."
Por otro lado, la expansión de los centros carcelarios, a donde son trasladados los detenidos, conllevan numerosos problemas. Lo mismo para los familiares que para los abogados que salen en defensa de los inmigrantes.
Chris Keen, abogado de inmigración en la ciudad de Orem, en Utah, sabe lo difícil que es para los abogados trabajar con clientes que son trasladados fuera del estado.
El ICE comenzó a trasladar a los detenidos a lugares como Nevada o Colorado luego de que el condado Utah puso fin a su contrato para albergar a los detenidos del ICE en su prisión, indicó Keen.
Antes de que eso sucediera, el abogado dijo que era más fácil que se reuniera con sus clientes, les pasara documentos u obtuviera sus firmas y los preparara para sus audiencias. Sus familias también podían verlos.
Pero ahora, Keen se ve obligado a viajar fuera del estado. Algunos de sus clientes deben encontrar otro abogado fuera de Utah.
“Siempre puedes pedir una audiencia telefónica en una corte de inmigración, pero eso no es tan bueno como estar presente allí, sobre todo en un caso complicado”, indicó.
Keen teme que un nuevo centro de detención para inmigrantes fuera de Utah obligará a muchos detenidos a “simplemente aceptar ser deportados”.
Carl Rusnok, portavoz del ICE, declinó comentar sobre los contratos que podrían estar en negociación.
Con información de AP
