‘Primeras damas’: una costumbre muy costosa
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La solución al problema no está en plantearse medidas para evitar que las ‘primeras damas’ sigan cobrando, sino en eliminar el problema de raíz
De acuerdo con voces especializadas, una forma sumamente útil de comprender la naturaleza de los problemas que nos aquejan en el presente, es voltear a ver al pasado pues, por regla general, los problemas de hoy suelen ser consecuencia de las soluciones de ayer.
La fórmula aplica, desde luego, a toda aquella decisión humana concebida para resolver un problema a partir de un “modelo gubernamental” pues, también por regla general, las soluciones que suelen diseñarse e implementarse desde el sector público carecen de solidez en el tiempo.
También aplica, desde luego, para aquellas conductas que hoy consideramos un vicio y una fuente de abuso por parte de quienes pueblan la nómina pública en todos los órdenes de gobierno.
El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al gasto que siguieron realizando algunos municipios de la entidad, en salarios para las “primeras damas” de los mismos, pese a la existencia de una prohibición expresa en este sentido, y a los reiterados señalamientos que al respecto ha realizado la Auditoría Superior del Estado.
De acuerdo con el reporte de la cuenta pública correspondiente al año 2017 –el último de las pasadas administraciones municipales– tres municipios, Candela, Cuatro Ciénegas y Villa Unión, mantuvieron durante el último año de su gestión la práctica de pagarle un salario a la “primera dama” en “compensación” por las tareas que realizaba en el DIF.
El problema con dicho pago, como se ha informado en diversas oportunidades a partir de las observaciones de la ASE, es que el cargo de presidenta del DIF, al menos en Coahuila, es un cargo de carácter honorífico, es decir, uno que no puede tener remuneración salarial alguna.
Y aunque el volumen de recursos utilizado por los ayuntamientos de la entidad fue disminuyendo a lo largo de los últimos cuatro años –pasando de 9 a 1.13 millones de pesos entre 2014 y 2017– está claro que hubo ayuntamientos a los cuales no les importó la prohibición ni les hicieron mella alguna las observaciones de la Auditoría.
El problema de fondo, desde luego, es la existencia de la figura de la “primera dama” como una tradición heredada de la etapa en la cual las mujeres se encontraban totalmente segregadas de la vida pública, y una forma de “incluirlas” en el ejercicio gubernamental era colocarlas al frente de las acciones de apoyo comunitario, propósito para el cual se creo el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
Hemos tenido tanto tiempo al DIF entre nosotros que prácticamente hemos olvidado las razones de su existencia y el hecho de que es una institución claramente discriminatoria, pues su dirección no es una posición para ser ocupada por el cónyuge de quien gobierna, sino por una mujer, en caso de que el gobernante sea varón.
La solución al problema pues, no está en plantearse medidas para evitar que las “primeras damas” sigan cobrando –o sus esposos tengan la tentación de pagarles–, sino en eliminar el problema de raíz, es decir, desmontando la “solución de ayer” que pretendía “encontrarle una ocupación a la primera dama”, para comenzar a tener claro que no existe obligación alguna de que los cónyuges de quienes gobiernan formen parte de la estructura pública.