Escolta de Zedillo y Fox, presunto asesino de Purón

Ignacio Arámbula, exmilitar señalado por la Fiscalía General del Estado (FGE) como uno de los presuntos responsables del asesinato de Fernando Purón, se desempeñó como escolta entre 1996 y 2006 de los entonces presidentes Ernesto Zedillo y Vicente Fox. De acuerdo con sus datos curriculares disponibles en el portal declaranet.gob.mx, de la Secretaría de la Función Pública, perteneció al Estado Mayor Presidencial (EMP) adscrito a la seguridad de los exmandatarios durante esos años.

Identificado como autor del crimen junto a su hermano Érick Arámbula y Raúl “N” –este último el único detenido por el caso–, Ignacio es señalado por la Fiscalía como la persona que disparó contra Purón la noche del viernes 8 de junio en Piedras Negras.

Imágenes de la década de medios de comunicación y disponibles en zedillo.presidencia.gob.mx dan muestra de su servicio con Zedillo. 

Según Declaranet, de enero de 1996 a marzo de 2006 su función principal en el EMP fue la “seguridad personal del C. Presidente de la República”, bajo las órdenes de los generales Roberto Miranda, en el sexenio de Zedillo, y José Armando Tamayo, con Fox.

Entró con Calderón al Gobierno Federal
Tras salir del Estado Mayor Presidencial en 2006, fue enviado al 21 Regimiento de Caballería Motorizada, pero poco después dejó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tras ser contratado en 2007 por la empresa Zimag como Gerente de Seguridad Nacional.

Luego, el primero de abril de 2008 fue nombrado Director de Área en la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios en la Secretaría de Gobernación, encabezada en el momento por Juan Camilo Mouriño durante la administración de Felipe Calderón, donde operó como parte del “cuerpo de seguridad” hasta el 15 de abril de 2009.

Después fue director de Seguridad Pública en Tenosique, Tabasco, en 2010, en el primer año del alcalde Raúl Gustavo Gutiérrez. Este cargo es el último con registro laboral público.

Por información que derive en su captura o la de su hermano, el Gobierno del Estado de Coahuila ofrece una recompensa de 10 millones de pesos. 

Con información de La Silla Rota