Partidos políticos: la impunidad ‘democrática’

Uno de los principales problemas del País, se ha dicho hasta la saciedad, está constituido por la impunidad con la cual pueden actuar quienes deciden cruzar la línea de la legalidad para instalarse en el territorio de las actividades contrarias a las normas o, si se prefiere, de las actividades que nos agravian de manera colectiva.

En efecto, el problema con el hecho de que existan transgresores de la ley no es su existencia en sí misma, sino que quien decide cruzar la línea de la legalidad lo haga porque tenga una alta expectativa de salirse con la suya, es decir, de no recibir castigo alguno.

Y la impunidad es un problema serio porque tiene un doble efecto nocivo: por un lado, deja sin castigo las conductas ilegales, con lo cual termina “premiándose” al infractor y, por el otro, el hecho se convierte en aliciente para que otras personas incurran en la misma conducta.

Para desgracia colectiva se trata de una auténtica cultura, cuyas manifestaciones pueden observarse casi en cualquier apartado de la vida pública, pues pareciera que nadie es capaz de sustraerse a la tentación de violar la ley si se le presenta la oportunidad de hacerlo.

Existen, sin embargo, ejemplos extremos de esta circunstancia que merecen análisis aparte. Uno de ellos es el documentado en el reporte que publicamos en esta edición, relativo a los “adeudos” que los partidos políticos de Coahuila tienen con la autoridad electoral, a partir de las multas que les han sido impuestas en el pasado reciente.

De acuerdo con cifras del Instituto Electoral de Coahuila, tan sólo en 2017 y 2018, la institución impuso “multas” por casi 230 millones de pesos a la práctica totalidad de los partidos con registro nacional y estatal, pero estos han decidido “abonar” solamente 62 millones del total.

Y decir que han “abonado” tal cantidad es incluso un eufemismo, pues en realidad ninguno de sus militantes, dirigentes o candidatos, así como los funcionarios surgidos de sus filas, ha aportado un sólo centavo de sus bolsillos para pagar la sanción que se les impusiera por haber violado la ley.

¿Por qué? Porque en realidad, cuando a un partido político se le “multa”, lo que se hace es “retenerle” una porción de las prerrogativas que se le entregan, es decir, del dinero que sale de los bolsillos de los contribuyentes y que ellos mismos se autoasignan para su financiamiento.

Así pues, el “castigo” que se les impone a los partidos por incurrir en conductas ilegales consiste en que los ciudadanos les entreguemos menos dinero de nuestros impuestos. Eso y una leve nalgada, acompañada de una admonición pronunciada con gesto adusto, dicha a un adolescente que ha sido sorprendido ingiriendo bebidas alcohólicas, es exactamente lo mismo… y tiene exactamente el mismo efecto.

De esta manera, los hechos resultan doblemente agraviantes para el ciudadano, pues primero se atestigua la falta y enseguida el acto de impunidad, lo cual constituye una burla.

Mejor sería que se dijera con todas sus letras que los partidos políticos, en virtud de su condición de “entidades de interés público”, tienen patente de impunidad. Al menos ya no tendríamos ninguna expectativa al respecto.