Parras de la Fuente: ¿sólo una transición ‘atípica’?

Si por algo se caracterizó la administración encabezada por Evaristo Madero Marcos, quien hasta el último día del año pasado fungió como presidente municipal de Parras de la Fuente, fue por su escaso apego a las formas republicanas y el nulo respeto al orden legal.

La primera muestra de su desprecio por las formas la dio en el inicio de su mandato –para el que fue electo en 2017–, pues se presentó a protestar el cargo hasta el día 3 de enero, es decir, dos días después del plazo marcado por la Constitución de Coahuila.

Y durante los 12 meses que estuvo en el poder el signo distintivo de su gobierno fue el escándalo, la confrontación abierta con los representantes de la oposición en el Cabildo y la opacidad. Incluso, en el mes de julio pasado el Congreso del Estado analizó la posibilidad de someterle a juicio político –con el propósito de destituirle del cargo– ante las constantes violaciones al orden jurídico vigente.

Con todo, Madero Marcos concluyó su mandato. Pero todo hace indicar que ni siquiera después de haber expirado el periodo constitucional para el cual fue electo, el ahora exalcalde pretende someterse a la ley.

Porque, como lo consigna el reporte que publicamos en esta edición, el exmunícipe se niega a traspasar el poder a las nuevas autoridades municipales que, aun cuando ya tomaron posesión del cargo, no les ha entregado las instalaciones del gobierno municipal luego de tres días de haber iniciado el periodo constitucional.

El hecho podría pasar por anecdótico, pero está lejos de serlo. Ninguna democracia que se respete puede tolerar un comportamiento pendenciero como este, a riesgo de normalizar la conducta y promover su multiplicación.

Los poderes del Estado, particularmente el Ejecutivo, tendrían que acudir de inmediato en auxilio de las nuevas autoridades de Parras de la Fuente para imponer, con el uso de la fuerza si así se requiriere, el respeto a la Constitución y a las leyes que rigen la vida pública de la entidad.

Que la administración estatal mantenga una actitud pasiva frente a la virtual usurpación de funciones en la cual está incurriendo el exalcalde de Parras –auxiliado por algunos de sus socios– sienta un pésimo precedente y habla de un uso faccioso del poder.

Y es que basta con preguntarse, ¿qué haría el Gobierno del Estado si fuera una administración emanada del PRI la que estuviera siendo impedida de asumir las funciones que constitucional y legalmente le corresponde? ¿Acaso no actuaría de inmediato para restablecer el orden legal y garantizar el respeto a nuestra Constitución y las leyes?

Que el nuevo presidente municipal de Parras sea un militante de Morena no puede ser argumento para que se ignore un hecho que es de la mayor gravedad y que constituye el grotesco corolario de una administración marcada por el despotismo, pero también por la tolerancia inaceptable de los poderes públicos de Coahuila.

Cabría esperar que, quienes tienen el poder para hacerlo, actúen de inmediato para restablecer el orden legal en Parras.