Padrón Único de Proveedores: ¿abatiría corrupción?

Existen pocas dudas respecto que los procesos de adquisición representan uno de los focos de corrupción más importante del sector público. Los escándalos relativos a procesos irregulares, en los que se privilegia todo tipo de elementos, menos los de carácter técnico, son suficientes para acreditar la veracidad de la afirmación.

Por otro lado, los “esfuerzos” que históricamente se han realizado para corregir el problema, o al menos para controlarlo, han sido claramente infructuosos y eso lo que demuestra es que en realidad no se tiene voluntad alguna para modificar las conductas que imperan en todos los niveles de gobierno respecto del manejo del presupuesto público.

El advenimiento del Sistema Nacional Anticorrupción se presenta hoy como la enésima estrategia para atajar el fenómeno, pero hasta ahora está claro también que la construcción de dicho modelo avanza a un paso que sólo genera mayores insatisfacciones.

Voces como la de Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, coinciden en que la mejor medida para determinar el éxito de un modelo de combate a la corrupción es el número de redes de corrupción que logra desmantelar, lo cual implica asumir, en primerísimo lugar, la existencia de dichas redes.

En este sentido, el planteamiento formulado desde el Sistema Estatal Anticorrupción, en el sentido de que se está considerando la posible creación de un “padrón único de proveedores” en Coahuila, como fórmula para abatir la corrupción que se genera en los procesos de adquisiciones, debe ser vista como una medida que puede servir a dicho propósito, pero necesariamente debe recibirse con escepticismo.

Y no es que el planteamiento sea una mala idea, sino que es insuficiente, por sí misma, para generar los resultados que la sociedad espera. Por esa misma razón, tendría que venir acompañada de una estrategia que, entre otras cosas, determine el o los indicadores que los ciudadanos comenzaríamos ver evolucionar positivamente a partir de su posible implementación.

Los problemas de “empresas fantasma”, de “proveedores consentidos” o de asignaciones directas indiscriminadas no se resolverán por el sólo hecho de que el padrón de proveedores se concentre en un sólo lugar o que lo administre en exclusiva una entidad del servicio público, a la cual se encomiende su confección y depuración permanente.

Adicionalmente debe garantizarse que el “padrón único” forme parte de un modelo que combata de forma directa los vicios que hoy caracterizan a los procesos de adquisición de bienes y servicios y que implican altísimos costos para los ciudadanos que son, al final de cuentas, quienes pagan la factura de la corrupción.

Los ciudadanos tenemos muy pocos incentivo –eventualmente ninguno– para ver con optimismo las iniciativas que se impulsan para hacer frente al fenómeno de la corrupción y por ello las iniciativas como ésta, si bien pueden ser calificadas de adecuadas, no pueden concitar el entusiasmo de nadie mientras no indiquen de forma clara los resultados concretos que arrojarían.