‘Observé cobros y ejecuciones de reos en cárcel de Corral’: Alejandro Gutiérrez en entrevista exclusiva para Vanguardia

Los nueve meses que pasó en el Cereso de Aquiles Serdán, en Chihuahua, lo marcaron. Además de estar privado de su libertad, Alejandro Gutiérrez presenció en ese tiempo lo que califica como “lo más bajo de la corrupción” del Gobierno de Javier Corral.

“Vi ejecuciones enfrente de mí. Me sorprende la capacidad de mentir del Fiscal (César Augusto Peniche): cuando él hablaba de un enfrentamiento entre pandillas (en el penal) que duró cinco minutos, en realidad fueron cinco horas de balazos.

“Yo vi los muertos, hay tres mil 500 internos, todos estábamos enterados”, relata en entrevista con VANGUARDIA MX, tras ser exonerado en el caso de presunto peculado por 250 millones de pesos en agravio del erario de Chihuahua.

El 28 de septiembre pasado, tras nueve meses y ocho días de prisión preventiva, el empresario coahuilense y exsecretario general adjunto del PRI volvió a convivir con su familia en libertad.

Un día antes, la magistrada Isabel Porras Odriozola desechó una impugnación del Gobierno de Chihuahua que pretendía revertir el sobreseimiento del caso, solicitado por la Procuraduría General de la República (PGR) tras considerar que no había elementos de prueba suficientes para sostener la imputación en su contra. El Gobierno de Corral no pudo hacer más que acatar y confirmar su salida de prisión.

Sin embargo, para Gutiérrez el daño ya estaba hecho. 

“Yo vi desfilar a internos totalmente desnudos, bañados en sangre, con fracturas expuestas”, narra, respecto al motín registrado la tarde del jueves 2 de agosto en el Centro de Readaptación Social (Cereso) Número 1 de Aquiles Serdán, ubicado en la zona conurbada de la ciudad de Chihuahua. 

Según la versión oficial, hubo un reo muerto y al menos 10 heridos tras “una riña entre pandillas rivales (Los Aztecas y La Línea, vinculadas a los cárteles de Sinaloa y Juárez, respectivamente)”. De acuerdo con el coahuilense, la matanza fue mayor, y ésta derivó de que al interior del penal no existe autoridad ni respeto a los derechos humanos.

“Me gustaría que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) conociera los casos y la zona de castigo, para que vean que hay el mínimo respeto a los derechos humanos.

“Hay tarifas establecidas: 350 pesos por cada visita (de familiares); 20 pesos para poder caminar en los pasillos, lo que se llama ‘baile’; mil pesos por una visita íntima. Y eso súmenlo por 3 mil 500 internos; todos están metidos”, expone.

Además, afirma que los operativos que realizaban las autoridades chihuahuenses cuando él acudía a audiencias impactaban en la vida de los internos.

“Cuando yo iba a salir cortaban la luz, el agua, en celdas de dos por tres metros, con 12 o 14 personas, imagínense lo que es estar sin agua en el baño un día; todo para decretar lo que llamaban ‘código negro’, para no dejarme salir a mi audiencia”, apunta.

El 12 de mayo, VANGUARDIA y medios de Chihuahua publicaron que elementos de la Fiscalía de Chihuahua, apoyados de policías estatales y municipales, montaron un operativo para impedir que Gutiérrez fuera trasladado al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, luego de que lo ordenara un juez de control federal.
 
POR ‘TORTURA’ Y OTROS CRÍMENES, INTERPONE AL MENOS 4 DENUNCIAS
Según su testimonio, los meses en prisión fueron una serie de violaciones a sus derechos: 62 días incomunicado, sin luz, solo 20 minutos fuera de su celda al día y tortura reiterada, son algunas de las vejaciones de las que habría sido objeto.

Por ello, explica que ha interpuesto al menos cuatro denuncias penales en contra de las autoridades responsables, encabezadas por el mandatario chihuahuense.

“Por privación ilegal, contra quienes llevaron a cabo la detención y el traslado, que se puede constituir en secuestro por las características de la detención; por robo agravado, por mis pertenencias y vehículo, contra ellos mismos.

“Por tortura, contra el Gobierno de Chihuahua, la Fiscalía y las autoridades penitenciarias, lo cual está documentado por la PGR y la CNDH; y por tácticas dilatorias para mantenerme en prisión preventiva, contra Pablo Cuarón (exsecretario de Educación y Deporte de Corral), el Consejero Jurídico del Gobierno de Chihuahua y Javier Corral”, detalla Gutiérrez, quien adelanta que su defensa analiza interponer más recursos en contra de quienes lo mantuvieron preso e insisten en violar sus derechos.
 
‘LA FISCALÍA DEL ESTADO ACECHA A MI ESPOSA E HIJA’
Pese a estar libre, comenta que su vida cambió por completo. “Uso chaleco antibalas, carro blindado y seguridad personal, he sido amenazado de muerte”, subraya, “soy muy cuidadoso de salir a la calle, cuando me visita mi familia, sí salimos, pero con mucha precaución”.

Actualmente Gutiérrez enfrenta otro proceso por presunto peculado, por 1.7 millones de pesos, ante la justicia de Chihuahua, situación que, afirma, ha derivado en acoso a su familia.

“Me quedé muy inquieto hace uno días porque un funcionario de la Fiscalía me comentó directamente que había pedido Corral un archivo de fotos, imágenes, de mi hija y esposa. ¿Qué tienen que ver en esto? Él estaba ahí presente”, asegura.

El Gobierno de Corral ha insistido en que su liberación se debió a la intervención del Gobierno Federal en su proceso, pero ante ello Gutiérrez responde que su exoneración no fue un favor de nadie.

“Se validó el sobreseimiento porque ellos (las autoridades chihuahuenses) se guardaron el archivo de su testigo protegido, las carpetas, sería bueno que se analice quién es su testigo protegido y vean el nivel de credibilidad que pudiera tener. Por esos elementos el Tribunal Unitario determinó que no había elementos y fui exonerado”, asevera.
 
‘AHÍ ESTÁ EL CONTRATO’ POR EL PROCESO DE 1.7 MDP
Respecto al proceso que enfrenta en Chihuahua (causa penal 4094/2017), por 1.7 millones de pesos por supuestos servicios cobrados y no prestados al Gobierno del Estado, el empresario manifiesta que tiene el contrato que valida el acuerdo por 17 horas de vuelo de su compañía aérea, el cual es por 750 mil pesos más IVA.

“Mi empresa factura 6 mil horas al año con muchas dependencias y compañías, lo que especifica el contrato equivale a menos de un día de operaciones, ahí está y es público, puedo mostrar la factura.

“Contrataron esas horas de vuelo, al parecer se utilizaron cuatro horas, pero si las restantes no se utilizaron fue decisión del Gobierno en turno, la industria aérea así es: tengo contrato con empresas muy serias por 60 horas mensuales, vuelen o no”, expone.

Sobre ese juicio, el coahuilense ya prepara nuevas impugnaciones: “la parte del recurso que metí en el Consejo de la Judicatura, habré de presentar un tema judicial contra la administración de justicia; casualmente el juez (de control de Chihuahua, Alejandro Legarda) que no me dio derecho a audiencia fue promovido a las tres semanas a magistrado”.

No tiene fecha para nueva audiencia, pero está al tanto de que el mes que entra concluye el periodo de investigación del caso, el cual, considera, solo tiene que ver con un asunto mercantil.

MCCI trae mismo discurso que el mandatario de Chihuahua
Tras la publicación de la investigación “Operación Safiro”, en la que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señala que, al igual que Chihuahua, fueron desviados fondos públicos de Sonora, Colima, Durango, Estado de México y la Delegación Milpa Alta de la Ciudad de México, para el presunto financiamiento de campañas electorales del PRI, Alejandro Gutiérrez afirma que la organización responsable del documento trae el “mismo discurso que Javier Corral”.

“No sé si el Gobernador de Chihuahua los patrocina o tiene algún vínculo (con MCCI), llega a tal grado la ignorancia que les puedo mencionar que Safiro sí existió: es un grupo de jóvenes del norte del país, de Coahuila y Nuevo León, que tienen una empresa que sí trabajó bajo mi responsabilidad.

“Crearon un software para promover a militantes de cualquier partido, en su momento del PRI, porque los contratamos, pero ellos trabajan o han trabajado con otras organizaciones políticas.

“En la nota dice que el SAT protegió los desvíos, yo no sé si lo hizo o no, solo sé que soy el más auditado por el SAT”, afirma el coahuilense.

En ese sentido, apunta que la información está sustentada en los mismos supuestos que se basan las acusaciones del mandatario chihuahuense.

“Hay hasta una columna de un periodista de Veracruz, al que se estamos requiriendo legalmente por daño moral, que forma parte del expediente judicial de Chihuahua aunque nunca ha mostrado el supuesto video que me relaciona con la presunta red de desvíos”, expone.