Nuevo gobierno: pasar de las promesas a la acción

Una regla básica de la lucha democrática por el poder dice que una cosa es el discurso con el cual se hace campaña y se conquistan los votos, y otro el que se utiliza para gobernar. Y en no pocos casos el segundo termina contradiciendo al primero.

Eso mismo comenzó a ocurrir con el discurso del Presidente electo y los integrantes de su futuro gabinete, apenas unas horas después de la histórica victoria electoral que López Obrador obtuvo en las urnas. Así, ofrecimientos como el de bajar el precio de las gasolinas, por ejemplo, fueron rápidamente “matizados” por quien ocupará pronto la titularidad de la Secretaría de Hacienda para reconocer que el precio del combustible seguirá subiendo.

El ajuste del discurso es normal. Ocurre de forma inevitable cuando se contrasta lo ofrecido para ganar votos con aquello que es materialmente posible, a partir de las herramientas con las cuales cuenta el Estado.

Y eso justamente tendrá que hacer la futura administración federal con su ofrecimiento de “perdonar, pero no olvidar”, es decir, de amnistiar a quienes han incurrido en diversos delitos relacionados con la actividad del crimen organizado.

Tendrá que hacerlo, entre otras cosas, porque las victimas de dicha violencia, al ser convocadas a los foros “Por la Pacificación del País y la Reconciliación Nacional”, que promueve el equipo del próximo Presidente de la República, se han manifestado en contra de dicha idea.

Es fácil entender la oposición de quienes han padecido en forma directa la violencia provocada por la criminalidad, particularmente quienes sufren en forma permanente la ausencia de un familiar, de un ser querido: se trata de personas que tienen años exigiendo que les hagan justicia y eso implica, en primer lugar, saber la verdad.

¿Cómo se concilia en los hechos el ofrecimiento de amnistía –que necesariamente debe realizarse en favor de quienes han cometido algún delito– y el reclamo de justicia de quienes han sido las víctimas de tales delitos?

La ruta no es sencilla y por ello el discurso de campaña debe matizarse, tal como lo hizo ayer en Torreón el futuro secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, al precisar que la amnistía planteada por el futuro gobierno no aplicará “para quienes hayan cometido crímenes violentos y de lesa humanidad”.

La pregunta que resulta obligado hacer ante dicha precisión es: ¿en qué forma la amnistía ayudará entonces a cicatrizar la herida abierta por el muy prolongado episodio de violencia que hemos padecido en el país? Porque justamente lo que resultaría más útil para conocer la verdad es la colaboración de quienes han cometido los peores crímenes, pues son quienes tienen la información del paradero de las personas desaparecidas.

El ajuste del discurso tendrá que seguir ocurriendo pues, aún cuando el propósito ulterior del ofrecimiento de amnistía no es perdonar delitos sino traer la paz al País, la paz que se persigue no será realmente útil si no es acompañada de justicia y eso implica, por un lado, resolver los casos de desaparición y, por el otro, castigar los delitos cometidos alrededor de dichos casos.