NAIM: ¿cómo se le dará ‘sepultura’ ahora?

No había sorpresa posible y así lo confirmó la información que dio a conocer anoche el presidente de la Fundación Arturo Rosenblueth, Enrique Calderón Alzati: siete de cada diez votos recogidos en la consulta sobre el nuevo aeropuerto de México fueron por la opción de Santa Lucía, circunstancia que, al menos en teoría, “entierra” el proyecto de Texcoco.

Y no había sorpresa porque, como se vino informando con profusión, la “consulta” impulsada por el futuro Gobierno de la República fue un ejercicio organizado justamente para que este resultado se diera. De hecho, lo único que podría considerarse sorprendente es que la opción de Texcoco haya obtenido casi el 30 por ciento de los votos.

Desde cualquier aspecto metodológico que se le analice, resulta imposible calificar a la consulta como un ejercicio de democracia directa mediante el cual se le haya escuchado a la población con el propósito de socializar una decisión trascendente.

Como ya se ha dicho antes, la decisión de “consultar” a los mexicanos respecto de qué hacer con el proyecto aeroportuario de Texcoco es, en realidad, un acto político cuya finalidad no es fortalecer la democracia, sino consolidar el control de quienes asumirán el poder el 1 de diciembre.

Más allá de estas consideraciones, la decisión oficializada anoche deja flotando en el ambiente una serie de dudas. La más importante de ellas es a partir de qué momento el resultado de la consulta resultará “vinculante” para el Gobierno de la República.

El futuro presidente, Andrés Manuel López Obrador, ya había adelantado que los contratos actualmente asignados para construir la terminal de Texcoco se mantendrían en vigor y únicamente se “trasladarían” a la base aérea de Santa Lucía, razón por la cual un efecto del eventual “triunfo” de esta opción no sería el que se cancelaran contratos.

Sin embargo, la pregunta importante no se responde: ¿cuándo tendrían que detenerse los trabajos en Texcoco?

Lo más probable es que eso no ocurrirá sino hasta que inicie el próximo sexenio, pues dado el conflicto legal que implica la rescisión de un contrato de esta magnitud, seguramente la administración de Enrique Peña Nieto no querrá enfrentar una situación como esta en la recta final de su periodo.

Y si las cosas ocurren así, entonces viviremos un período de fuerte tensión los últimos 32 días del sexenio actual, mismos que estarán marcados por la incertidumbre respecto de qué pasará con las inversiones ya realizadas, los empleos generados o los proyectos que la construcción de Texcoco ha impulsado.

Porque, como se sabe muy bien, no se trata solamente de que la construcción se detenga en Texcoco y arranque en Santa Lucía, pues ni siquiera existe un proyecto que arrancar en la referida base aérea.

Con lo anterior, el nuevo gobierno debe enfrentar el verdadero reto en torno a una decisión que tomó en campaña y hoy ha vestido de “mandato popular”: el problema no era oficializarla sino ponerla en práctica.