Militar acusado de recibir sobornos del cártel de Sinaloa tuvo cargo en Banjército durante gobierno de Peña Nieto

Por Claudia Altamirano para Animal Político

El Oficial Mayor del Ejército que presuntamente brindó protección al narcotraficante Ismael el Mayo Zambada durante los últimos años de la administración de Felipe Calderón, ocupó también la subdirección del Banco Nacional del Ejército (Banjército) durante los primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Se trata del general de División Humberto Eduardo Antimo, acusado por Vicente Zambada -hijo del actual líder del cártel de Sinaloa- de haber cobrado 50 mil dólares mensuales al grupo delictivo entre 2007 y 2008, a cambio de protegerlo y entregarle información. Esto fue relatado por el Vicentillo durante su declaración en el juicio que se lleva a cabo en Nueva York al capo Joaquín el Chapo Guzmán. 

Antimo fue presidente del Tribunal Militar de 2000 a 2005, de acuerdo con su perfil curricular de la plataforma DeclaraNet. De 2005 a 2008 ocupó cargos diversos dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), periodo en el que presuntamente habría recibido los sobornos del cártel de Sinaloa. En abril de 2008 se retiró del servicio militar “por haber cumplido la edad límite en su jerarquía”, según un comunicado de la dependencia.

Pero no se retiró del servicio público. De septiembre de 2010 a abril de 2011 fue delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Pofepa) en Morelos; en ese año recibió la Legión de Honor del Ejército junto con otros 44 militares, de acuerdo con registros hemerográficos. 

Pese a que se retiró del servicio militar en 2008, fue subdirector del Banjército de 2013 a 2015, ya en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. De acuerdo con su ley Orgánica, el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada depende de la Secretaría de la Defensa.

Aunque dejó la subdirección del Banco en abril de 2015, Antimo mantuvo la cuenta bancaria 001-131278-5 de esa institución, en la que cobraba las cuotas de 100 pesos mensuales a los miembros de la Asociación de Graduados del Colegio de la Defensa Nacional, de la cual fue presidente hasta octubre de 2018. El día 5 de ese mes, la Asociación renovó su Consejo Directivo, quedando el general Antimo como vocal de la Comisión de Honor.

Dicha asociación es de origen civil pero fue creada con autorización de la Sedena y su domicilio es el Campo Militar 1-B, ubicado en la calzada México-Tacuba de la Ciudad de México, según su página web.

Este medio buscó a la Asociación para conocer la versión del general Humberto Antimo Miranda respecto a las acusaciones de Vicente Zambada Niebla, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

Más acusados

Otros militares señalados por el hijo del Mayo Zambada durante su declaración en el juicio contra el Chapo son Roberto Miranda y Marco Antonio de León Adams.

Miranda Sánchez fue jefe del Estado Mayor Presidencial en el gobierno de Ernesto Zedillo. Según Vicente Zambada, se reunió con él en la residencia oficial de Los Pinos en 1997, para pedirle que cesara la persecución contra los negocios de su familia, sin especificar si le ofreció sobornos o si hubo algún trato con él.

Miranda continuó ocupando cargos en la Sedena durante los siguientes sexenios, de Vicente Fox y Felipe Calderón, de los años 2000 hasta 2012, de acuerdo con su registro en DeclaraNet.

Por su parte, el coronel Marco Antonio de León, jefe de seguridad personal de Fox, se reunió en la Ciudad de México con el Mayo Zambada para establecer una alianza, según su hijo Vicente.

El militar y el capo se reunían, según el testimonio, en el restaurante El Lago del Bosque de Chapultepec, donde les informaba de operativos y ofrecía protección a cambio de sobornos.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, hasta ahora no se ha emprendido investigación alguna contra los militares mencionados por el Vicentillo, ni ha recibido ninguna solicitud del gobierno de Estados Unidos -país donde se lleva a cabo el juicio del Chapo- para investigarlos.

La dependencia no confirmó si en años anteriores hubo denuncias o procesos judiciales emprendidos contra ellos.