Mientras el Ejército destruye evidencias, Alemania enjuicia a fábrica de armas usadas contra normalistas
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El caso de los normalistas de Ayotzinapa es pieza clave en el juicio que se sigue en Alemania contra Heckler & Koch, indicó una abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; se está juzgando por presunta corrupción a cinco funcionarios de esa fábrica
Por Paris Martínez (@paris_martinez) para Animal Político
El pasado 26 de septiembre, mientras el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunía con familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa que fueron detenidos y desaparecidos hace cuatro años, al otro lado del mundo, en Alemania, Aldo Gutiérrez, uno de los sobrevivientes del ataque, hizo presencia simbólica en el juicio que se sigue en ese país contra la empresa Heckler & Koch, la cual ilegalmente proveyó parte del armamento que se usó contra los normalistas.
Aldo Gutiérrez Solano es el joven que, desde la noche del 26 de septiembre de 2014, permanece en coma tras recibir un disparo de arma en la cabeza, durante el ataque que las autoridades perpetraron contra normalistas en la esquina de Juan N. Álvarez y Periférico, en Iguala, Guerrero.
“Cuando los normalistas comenzaron a ser tiroteados por la policía en Iguala, ellos intentaron huir a bordo de los autobuses que acababan de sacar de la terminal, a través de la calle Juan N. Álvarez; sin embargo, casi a punto de salir de esa calle, la policía interpuso una patrulla en su camino, para impedirles escapar”, narró la abogada Sofía de Robina, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que da acompañamiento legal a las víctimas de Ayotzinapa.
“Como los policías seguían disparándoles por detrás, lo que hicieron algunos normalistas que venían en el primer autobús fue descender, para intentar retirar la patrulla que les impedía el paso, Aldo fue uno de los jóvenes que bajó para mover esa patrulla y en ese momento recibió un disparo en la cabeza, que lo mantiene en coma hasta la fecha”, detalló.
Aunque luego del ataque, los policías agresores limpiaron la escena del crimen (retirando todos los casquillos que pudieron encontrar), y a pesar de que la Fiscalía de Guerrero no realizó ninguna acción posterior para preservar las evidencias en la zona, se pudo comprobar que los uniformados usaron en contra de los normalistas, entre otras armas, al menos siete fusiles de asalto alemanes Heckler & Coch, y de hecho, en la zona de Juan N. Álvarez se pudieron rescatar casquillos de tres de estas ametralladoras.
Desde 2010, esta empresa fabricante de armamento de guerra comenzó a ser investigada en Alemania, luego de que el gobierno de ese país le prohibiera vender armas cuyo destino final fueran los estados de Chihuahua, Jalisco, Chiapas y Guerrero, debido a la situación de violencia y violación de derechos humanos en esas entidades.
Con el paso de los años, sin embargo, se pudo comprobar que el veto a la venta de armas alemanas a esos estados no fue cumplido, y de hecho, de los 10 mil fusiles de guerra que esta empresa vendió a México, 49% terminaron precisamente en esas cuatro entidades vetadas.
Tal como consta en documentación oficial, de esos 4 mil 900 fusiles que se entregaron a estados mexicanos vetados por las normas alemanas, 2 mil llegaron a Guerrero, y de ellas un centenar terminó en manos de las policías de Cocula, Iguala y Huitzuco, controladas por el crimen organizado.
Entre ellas iban los fusiles de guerra disparados contra los normalistas el 26 de septiembre de 2014.
Por ello, explicó la abogada del Centro Pro, “el caso de los normalistas de Ayotzinapa es pieza clave en el juicio que se sigue en Alemania contra la empresa Heckler & Koch, porque prueba fehacientemente que estas armas no sólo terminaron en estados mexicanos vetados por la ley alemana, sino que fueron usadas para violar los derechos humanos de personas indefensas”.
Por el momento, detalló la abogada, “en Alemania se está juzgando a cinco funcionarios de la fábrica de armas, así como a la empresa misma Heckler & Koch, por presunta corrupción, al haber establecido, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (del gobierno mexicano), un método para burlar la prohibición de venta de armas cuyo destino final fueran los estados de Guerrero, Jalisco, Chihuahua y Chiapas”.
La venta de armas, subrayó la abogada, se realizó directamente con la Secretaría de la Defensa Nacional, y este órgano del gobierno mexicano fue el encargado de repartir el armamento.
Así, por un lado, la empresa alemana no hizo nada para evitar que esas armas terminaran en las entidades prohibidas previamente, y el Ejército mexicano no hizo nada para respetar las normas alemanas que enmarcaban la compra de ese armamento.
“Los testimonios que se han vertido en el juicio –señaló la abogada– apuntan a que cada vez que un arma alemana era entregada a una entidad vetada, un general del Ejército mexicano que recibía una cantidad de dinero”. De acuerdo con la información obtenida por Animal Político, este personaje ocupaba el cargo de Director de Comercialización de Armamento y Municiones del Ejército.
El amplio número de armas que terminaron en dichos estados vetados (casi 5 mil fusiles de asalto) “demuestra que Guerrero, Jalisco, Chihuahua y Chiapas eran un mercado importante para la empresa Heckler & Koch, entonces, en conjunto con funcionarios de la Sedena, idearon un mecanismo para ocultar que las armas eran destinadas a dichas entidades”.
El juicio que se inició en Alemania en mayo pasado, detalló la abogada, está previsto para concluirse en octubre. Y mientras eso pasa allá, en México las autoridades no han realizado investigación alguna en torno a este presunto caso de tráfico ilegal de armas.
Por el contrario, en junio de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que al menos 16 fusiles de guerra Heckler & Koch entregados a la Policía de Iguala, fueron destruidos por el mismo Ejército Mexicano luego del ataque a los normalistas, impidiendo así analizarlas para determinar si esas armas se emplearon en el atentado contra los estudiantes.
El pretexto usado por el Ejército para justificar esta destrucción de evidencia fue que ese es el trato habitual para el armamento viejo.
Esta destrucción deliberada de “evidencia balística” fue calificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una “grave falta” por parte de las autoridades mexicanas.
La fuerza...
