Miembros del organismo anticorrupción mexicano denuncian que el gobierno los obstaculiza
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Los esfuerzos del combate a la corrupción en México con un nuevo sistema, establecido por el gobierno de Enrique Peña Nieto ante la presión para reaccionar a diversos escándalos, están siendo obstaculizados por las mismas autoridades
Enrique Peña Nieto, afectado por escándalos en el seno de su gobierno con señalamientos a aliados políticos y a integrantes de su familia, acordó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción SNA en 2016, el cual fue promulgado por medio de reformas a la Constitución de México e incluye un mecanismo para la participación ciudadana, en un parteaguas para el país.
Sin embargo, nueve meses después de que fueron nombrados los integrantes de eses mecanismo con la misión de trabajar en proyectos para el combate a la corrupción, ellos declaran que no han podido hacer ni los más mínimos avances.
El esfuerzo detrás del SNA empezó hace más de un año, cuando los activistas le presentaron al gobierno más de 600 mil firmas ciudadanas en respaldo a una iniciativa de transparencia y combate a la corrupción, conocida como 3de3.
El presidente cedió ante los cuestionamientos sobre la situación en esta materia y sobre posibles conflictos de interés propios, como la compra multimillonaria de una casa por parte de la primera dama a un contratista del gobierno.
En teoría, los ciudadanos, vía el CPC, son quienes están a la cabeza del sistema anticorrupción por medio del Comité Coordinador, lo que los empodera a asegurarse de que esté funcionando a favor de la población y no de los funcionarios.
El congreso aún no ha designado ni uno de los dieciocho magistrados en materia de justicia administrativa que deberían revisar las acusaciones que surjan.
El fiscal anticorrupción que el SNA establece como figura para la investigación independiente de casos de corrupción no ha sido nombrado. Y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana dicen que frecuentemente no los convocan para las discusiones de los grandes casos de corrupción.
Los integrantes del CPC señalan que, en buena medida, el problema es que sus poderes solo están en el papel. Todas las decisiones significativas tienen que tomarse en el Comité Coordinador, que junta a los encargados de siete entidades, de las cuales seis son diferentes ramas del gobierno.
El gobierno rechaza esas acusaciones. Asegura que ha respaldado a los integrantes del comié ciudadano y que más bien ellos han malinterpretado cuál es su mandato.
Al sistema todavía le fala una pieza clave, el fiscal anticorrupción, posiblemente el cargo más importante de toda la operación. El nombramiento está atorado en el congreso, donde recientemente se detuvo ante el furor por el nombramiento de Raúl Cervantes para la futura Fiscalía General de la República que, a diferencia de la actual procuraduría, no sería parte del poder ejecutivo en un intento de asegurar su autonomía.
Con información de New York Times
