Más denuncias contra funcionarios, ¿menos corrupción?

Lo que tendríamos que ver es un incremento importante en el número de autos de vinculación a proceso y, al final de todo el camino, un incremento en el número de sentencias condenatorias

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Fiscalía general de Coahuila ha abierto, en los primeros ocho meses de 2018, un número récord de carpetas de investigación por presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos en la entidad.

En el período de enero a agosto de este año, de acuerdo con la fuente, se abrieron 298 carpetas de investigación que implican la posible comisión de delitos como peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, otorgamiento de plazas, falsa manifestación de conflicto de intereses, promoción o denigración de imagen o aprovechamiento indebido de información reservada.

La cifra anterior implica que, en 2018, el número de carpetas iniciadas se ha multiplicado por diez respecto del mismo período del año pasado, cuando solamente se abrieron 27.

Frente a un crecimiento de esta magnitud resulta obligado preguntarse cuál es su significado.

¿Un mayor número de investigaciones iniciadas quiere decir que podrían estarse cometiendo más actos de corrupción que antes? ¿O quiere decir que las autoridades investigadoras finalmente “se pusieron las pilas” y están comenzando a ver –e investigar– lo que todos vemos?

Más allá de las razones por las cuales se están abriendo tantas carpetas de investigación este año, conviene preguntarse si tal hecho se traducirá en una reducción en el número de actos de corrupción cometidos por servidores públicos o con la participación de estos.

Porque, en todo caso, lo que importa no es si se inician procesos de investigación por cientos o por miles. Si al final, tales investigaciones no se convierten en procesos penales y estos, a su vez, en sentencias condenatorias, entonces lo que estaría ocurriendo es que la impunidad seguiría siendo la regla frente a los desvíos y excesos de nuestra burocracia.

Por ello, además de ver un crecimiento importante en la acción del Ministerio Público para investigar presuntos actos ilícitos cometidos por funcionarios, lo que tendríamos que ver es un incremento importante en el número de autos de vinculación a proceso –derivados de las investigaciones de la Fiscalía– y, al final de todo el camino, un incremento en el número de sentencias condenatorias dictadas por los jueces.

Todo ello, desde luego, asumiendo que la Fiscalía está haciendo bien su trabajo, es decir, que no está abriendo carpetas sólo para “incrementar su productividad” de manera artificial y hacernos creer que trabaja mucho para combatir la corrupción, aunque al final, como advierte la voz popular, se trate sólo de “mucho ruido y pocas nueces”.

En otras palabras: mientras los actos de corrupción no se castiguen realmente; mientras quienes forman parte de los circuitos de la corrupción sigan beneficiándose de las cadenas de complicidad indispensables para que la corrupción florezca, de nada servirá que el número de investigaciones se multiplique por mil, o por diez mil, pues lo mismo daría que dicha cifra no creciera, o incluso que disminuyera.