Marchan en México para pedir liberación de policías comunitarios detenidos
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Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) se concentraron en ciudades como Chilpancingo, Acapulco, Tlapa y Ayutla, acompañados por familiares y compañeros de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.
Chilpancingo (México).- Cientos de personas se manifestaron hoy en diferentes puntos del mexicano estado de Guerrero para pedir la puesta en libertad de los policías comunitarios detenidos tras los hechos de violencia ocurridos en el sureño municipio de Acapulco que dejaron 11 muertos.
Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) se concentraron en ciudades como Chilpancingo, Acapulco, Tlapa y Ayutla, acompañados por familiares y compañeros de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.
La madrugada del pasado 7 de enero varios enfrentamientos dejaron en la comunidad de La Concepción ocho personas muertas, en circunstancias inciertas.
Después se dio un operativo policial en el que tres personas más fallecieron -identificados por las autoridades estatales como policías comunitarios- y 38 fueron detenidas.
Los manifestantes portaron pancartas con textos como "Respeto al sistema de justicia de la policía comunitaria" o "Justicia para los policías comunitarios caídos".
Pidieron la renuncia del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Pedro Almazán, y del fiscal Xavier Olea Peláez, a quienes califican como responsables intelectuales de lo ocurrido en La Concepción.
En las marchas también se vieron carteles con los que los participantes cargaron contra la polémica Ley de Seguridad Interior, aprobada el pasado diciembre en el Congreso y que ha sido acusada de perpetuar la presencia militar en las calles.
La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó este jueves los enfrentamientos y pidió que se esclarezcan los hechos.
La institución dijo en un comunicado que cuenta con "fuertes elementos" que señalan la existencia de violaciones de derechos humanos cometidas por parte de las fuerzas de seguridad durante un operativo, "las cuales resultan profundamente preocupantes".
