Madrid cierra las puertas a que Puigdemont sea reelegido como presidente de Cataluña

La insistencia del independentismo catalán en nombrar nuevamente a Carles Puigdemont presidente de la región la semana que viene y los pasos dados por el Gobierno español para que la Justicia lo impida, volvieron a disparar hoy la tensión entre Barcelona y Madrid.

Menos de una semana antes de que el Parlamento catalán celebre la sesión de investidura del nuevo jefe del Ejecutivo regional, con Puigdemont como único candidato, el Gobierno central de Mariano Rajoy activó hoy los pasos necesarios para impugnar esa candidatura ante el Tribunal Constitucional español.

Puigdemont lleva tres meses en Bruselas, adonde huyó tras ser destituido del Gobierno a fines de octubre, y tiene una orden de captura pendiente en España, lo que le impediría acudir personalmente a la sesión y participar en el debate con el resto de grupos.

Madrid considera por eso que el estatus jurídico del ex jefe del Gobierno catalán es "incompatible" con su candidatura, anunciada el lunes por el nuevo presidente del Parlamento catalán, el también independentista Roger Torrent, y se propopne impugnar la medida ante el Constitucional.

Rajoy dio el primer paso necesario al pedir un informe preceptivo al Consejo de Estado sobre el tema. Si el Gobierno obtuviera el aval del órgano, presentaría de forma inmediata el recurso ante el Constitucional, anunció hoy la "número dos" de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría.

"Si se admite, supondría paralizar los efectos de esa decisión, porque el estado actual del señor Puigdemont es incompatible con su comparecencia en la Cámara", explicó Sáenz de Santamaría. "Carece del derecho de libertad deambulatoria, porque tan pronto como entre en territorio nacional, debe ser puesto a disposición judicial”.

La suspensión de la candidatura de Puigdemont dejaría a Torrent dos opciones: o presentar otro candidato o desobedecer al máximo tribunal español. Un escenario que promete turbulencias y que recordó a muchos los días de máxima tensión por el plan de independencia unilateral e ilegal impulsado por Puigdemont el año pasado.

El nerviosismo se percibió ya en las reacciones al anuncio de Madrid. "Estamos ante un nuevo despropósito democrático, es un golpe de Estado, por decirlo de manera sencilla", dijo Eduard Pujol, portavoz de la plataforma Junts per Catalunya (JxCat) de Puigdemont. "Esto es lo que hacen las dictaduras. Entramos en una fase delirante”.

Pujol dejó claro que JxCat mantendrá la candidatura de Puigdemont y pidió a Torrent, de la también independentista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que no ceda ante un "nuevo despropósito democrático, un nuevo acto de cobardía”.

Por el contrario, la decisión de Rajoy sumó el apoyo de los socialistas del PSOE, primera fueza de la oposición en España, y del partido liberal Ciudadanos, que ganó las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña, pero no suma mayoría absoluta para formar Gobierno en la región.

La cuenta atrás a la formación del nuevo Gobierno en Cataluña sigue sumando así nuevas incógnitas cada día.

Ante la imposibilidad de regresar a España sin ser detenido, Puigdemont y su entorno especularon con una investidura vía Skype o a distancia, pero los propios letrados del Parlamento catalán rechazaron esa vía y el Gobierno de Rajoy adelantó que también la impugnaría ante el Constitucional.

Tampoco está claro cómo votarán los otros cuatro diputados que huyeron con Puigdemont a Bruselas y que también tienen órdenes de detención en España por los mismos delitos de rebelión, sedición, malversación, desobediencia y prevaricación vinculados al plan soberanista.

Sin esos cinco votos, el bloque independentista perdería la mayoría absoluta en el Parlamento catalán y no podría elegir a Puigdemont o a otro candidato como nuevo presidente. Por eso, los soberanistas intentarán que los cinco huidos deleguen su voto en otro diputado, el segundo paso que quiere impugnar Madrid.

La vicepresidenta Sáenz de Santamaría aclaró hoy que el Gobierno pidió también informes para aclarar si podría recurrir ante el Constitucional el voto delegado de "personas que están fuera del territorio nacional para eludir la acción de la Justicia". Cataluña vuelve a afrontar así días de incertidumbre y tensión.