‘Lo hemos intentado todo’, dice Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios

No es una ocurrencia discutir hoy sobre un Mecanismo Internacional Extraordinario para la investigación penal y procesamiento de responsables de crímenes atroces en México, como lo recomienda el Informe que presenta hoy Open Society Justice Initiative (OSJI) “Corrupción que Mata”. 

En Coahuila venimos de recorrer un largo camino donde familiares de personas desaparecidas y organizaciones civiles lo hemos intentado todo. A raíz del Informe de la visita oficial del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en el 2013, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec) y el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, impulsaron una serie de iniciativas en Coahuila para la generación de políticas públicas de atención a familiares de personas desaparecidas, y para la búsqueda y la investigación penal de estos crímenes.

Para el seguimiento a las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU se hizo un acuerdo entre Fuundec y el entonces gobernador Rubén Moreira para establecer un formato de diálogo bimestral moderado por un Grupo Autónomo de Trabajo (GAT), conformado por una representación de Fuundec (sin ser víctima), una representación del Centro Fray Juan Larios, una del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, una más por pare del Gobernador y finalmente un representación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El GAT tenía como encomienda mediar entre las demandas de las víctimas y las respuestas institucionales, con el compromiso del Gobernador de acatar las recomendaciones que el GAT asumiera por consenso. Este esquema permitió una serie de reformas legales que, a la postre, alimentaron e inspiraron la Ley General sobre Desaparición Forzada y por Particulares, recientemente en vigencia, como:

• La modificación del tipo penal por de desaparición forzada y por particulares, de acuerdo con los estándares internacionales.
• La creación de una ley de ausencia por desaparición y un Programa de Atención a Familiares de personas desaparecidas (PROFADE).
• La creación de una Subprocuraduría, ahora Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas y una unidad de búsqueda de personas.
• La creación de una Ley Forense (Ley de localización, recuperación e identificación de cuerpos, restos y fragmentos de personas) y un plan estatal de exhumaciones al que se le ha invertido una cuantiosa suma de dinero en expertos, equipo y materiales.

A pesar de todos estos esfuerzos, no había personas localizadas de entre los desaparecidos de manera forzada o por particulares, no había procesos penales por desaparición, ni sentencias. En suma, los esfuerzos deliberados de familiares y sociedad civil por fortalecer las instituciones del Estado y sus políticas para la localización e investigación de desapariciones no tenían, ni tienen respuestas concretas.

FASE 1
FORTALECIENDO CAPACIDADES DE LA PROCURADURÍA

Por recomendación del GAT se realizó un convenio para que con fondos gestionados por OSJI se realizara un diagnóstico del funcionamiento de la Procuraduría y particularmente de la Subprocuraduría Especializada en Desapariciones, y se hicieran recomendaciones para lograr tener mejores resultados en localización y procesamiento penal de responsables. 

A cargo de los expertos colombianos Pedro Días, Luis Vélez y Carlos Rodríguez, el diagnóstico realizado in situ por dos meses en el verano de 2015 arrojó entro otras cosas lo siguiente:
• La Procuraduría no tiene autonomía. 
• Los investigadores no están dedicados exclusivamente a los expedientes, no cuentan con herramientas tecnológicas apropiadas. 
• No hay disponibilidad de recursos logísticos, como Internet y vehículos.
•   No hay equipos multidisciplinarios en las investigaciones ni análisis de contexto. No existen planes de investigación ni metodología adecuada para este tipo de casos.
• No se aplica el principio de responsabilidad por cadena de mando.
•  Servicios periciales no tienen autonomía presupuestal ni administrativa.
•  No se preserva ni cuida la escena del crimen y evidencias en el área hasta que lleguen los peritos o investigadores 
• No hay manejo y preservación de la evidencia bajo custodia y no se analiza y procesa la información recolectada.
• Hay evidencia de fabricación de pruebas, uso de la tortura y falta de sanciones.
• Existe un maltrato de la autoridad hacia las víctimas.
• Existe una desconfianza generalizada de las víctimas.

FORTALECIENDO CAPACIDADES DE LA PROCURADURÍA

De estos hallazgos se generaron una serie de recomendaciones entre las que destacan la creación de una unidad de búsqueda y el fortalecimiento de los equipos forenses para la implementación de un plan estatal de exhumaciones, que se trabajó con la ardua labor de asesoría del Comité Internacional de la Cruz Roja. 

En cuanto a la localización de las personas desaparecidas, procesos penales y sentencias, no hubo ningún cambio por lo que, de buena fe, el Centro Fray Juan de Larios y OSJI con el acuerdo del GAT, lograron gestionar ante la Agencia de Cooperación de Estados Unidos a través de Enfoque DH, un acompañamiento de tres consultores expertos para instalar las capacidades de investigación de la Subprocuraduría en seguimiento a las recomendaciones del diagnóstico de 2015. Fue así como, previo Convenio firmado con el gobernador Moreira, de enero de 2017 a noviembre del mismo año, Luis Vélez, Carlos Rodríguez y Lucía Luna, expertos de origen colombiano, se instalaron en la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila.

Después de casi 11 meses de trabajo, los consultores se enfrentaron a resistencias internas para lograr cambios sustantivos que llevaran a investigaciones multidisciplinarias, contextualizadas, con planes y metodologías adecuadas de investigación, incluyendo la responsabilidad de mandos superiores, el apoyo y aquiescencia del Estado en las desapariciones.

Su informe final detalla, entre otras cosas, la situación que guarda la investigación en Coahuila y lo que no se pudo modificar debido a esas inercias:

• No existe una partida 
presupuestal con destinación exclusiva a la Fis-
calía de Personas Desaparecidas y a la Unidad de Búsqueda Inmediata.
• Las instalaciones de la Subprocuraduría siguen en mal estado, sin espacio suficiente y sin contar con sitios adecuados para recibir a las víctimas.
• Al revisar los avances, de los dos casos tipo analizados en la consultoría de 2015, no se observa ningún tipo de avance.
• La falta de la Unidad de Análisis y Contexto, como parte de la metodología propuesta por esta consultoría, es un factor que afecta el proceso de sistematización y el análisis holístico de los casos.
• Las líneas de investigación parten exclusivamente de los testimonios de los familiares de las víctimas. 
• Se advierte la investigación aislada de casos donde son evidentes elementos comunes. 
• No se realizan análisis de contexto que permitan investigar patrones y responsabilidades.
• No se incorporan ni se da preponderancia a la prueba científica, la prueba pericial y objetiva, se limita a las pruebas testimoniales.
• No se cuenta con bodega de resguardo evidencia ni registro de cadena de custodia.
• No hay dedicación exclusiva a las labores de búsqueda y no hay metodologías y tecnologías apropiadas de investigación de la desaparición forzada.
• No se aprecia trabajo en equipo multidisciplinario ni coordinación entre Agentes del Ministerio Público, Policía Investigadora, Analistas de Inteligencia Criminal, Peritos en Criminalística y Especialistas en Ciencias Forenses.
• El 90 por ciento las acciones de búsqueda se limitan a oficios de colaboración sin que se dé seguimiento a las respuestas.
• La búsqueda de las personas desaparecidas se está dejando en manos de los colectivos de víctimas sin que se realicen investigaciones de manera eficaz y exhaustiva
• Funcionarios de la Subprocuraduría hacen exigencias económicas indebidas a los familiares de las víctimas para que los expedientes avancen con una mayor celeridad.
• Persiste la cultura de adelantar investigaciones mediante la tortura.
• No existen resultados sobre las investigaciones en cuanto a las sanciones en materia de responsabilidad administrativa o disciplinaria.
• En algunas investigaciones en las que se advierte la posible participación de funcionarios públicos, los Agentes del Ministerio Público y/o Agentes de la Policía Investigadora no cuentan con el respaldo institucional (superiores) que les permita avanzar en las indagaciones
• Hay algunas investigaciones por desaparición de personas en las que se advierte la posible participación de funcionarios públicos.
• Las víctimas de desaparición no confían en las autoridades de la Procuración de Justicia ni en las fuerzas de seguridad.

Esta consultoría fue posible gracias a los esfuerzos de la sociedad civil para que las instituciones propias funcionaran frente a la grave situación de las desapariciones. La expectativa fue mayor cuando, de manera simultánea a la consultoría, surgieron otros informes sobre graves crímenes cometidos en Coahuila con un claro señalamiento de responsabilidades estatales y que debieron haber alimentado las investigaciones locales y federales: 

El primer informe de OSJI “Atrocidades Innegables”; informes del Centro Fray Juan de Larios; informes de Colmex sobre Allende y el penal de Piedras Negras “En El Desamparo” y “El Yugo Zeta”; el informe de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas que sistematiza los testimonios de testigos en tres juicios en Texas sobre eventos ocurridos en Coahuila “Control sobre todo el territorio de Coahuila”; el de la Federación Internacional de Derechos Humanos “Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad”, el reporte de ProPublica y National Geographic “Anatomía de una Masacre”; y otros posteriores como la Recomendación de la CNDH sobre Allende, este Informe que se presenta “Corrupción que Mata” y otros que vienen en camino. Ni la Procuraduría General del Estado ni la General de la República acusaron de recibo abriendo alguna averiguación, al menos por la existencia indicios serios de graves crímenes y posibles responsables. 

La frustración de víctimas y sociedad civil ha sido grande. La voluntad política claramente se acabó con la firma de convenios y decretos de ley, de los resultados: nada. Lo hemos intentado todo en el ámbito doméstico sin resultados, nos queda apelar a la comunidad internacional.

INTERVENCIÓN INTERNACIONAL

Sabiendo de esta situación es que en julio de 2017 se presenta ante la Corte Penal Internacional (CPI) una comunicación, solicitando se abra una investigación preliminar por crímenes de lesa humanidad cometidos en México, particularmente en Coahuila. 

Las razones para acudir a la CPI son fundamentalmente dos:

• Los crímenes de desaparición, torturas y asesinatos no están siendo investigados, mucho menos en la magnitud de lo que representan: crímenes de lesa humanidad. 

• Hay una manifiesta incapacidad para llevar a cabo estas investigaciones.

La CPI tiene la facultad de intervenir en situaciones como las documentadas, ejerciendo su papel de complementariedad, salvo que el Estado mexicano implemente una respuesta contundente para atender la grave crisis humanitaria, esto es, revirtiendo su política de seguridad fallida y violenta por una seguridad sin guerra y acordando con las Naciones Unidas la creación de un Mecanismo Extraordinario para la investigación penal y procesamiento de responsables. Este mecanismo deberá tener las siguientes características:

• Estar conformado por expertos nacionales e internacionales, con inmunidad y con probada imparcialidad e independencia.
• Debe investigar crímenes atroces desde la perspectiva del derecho penal internacional.

• Debe enfocar sus esfuerzos a desmantelar las redes de macro criminalidad y corrupción que permiten la continuidad de los crímenes y particularmente las desapariciones.

• Debe coadyuvar en el fortalecimiento de las instituciones nacionales para hacerlas eficaces.

Lo hemos intentado todo, también participamos en la creación de la Ley General sobre Desaparición Forzada y por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda e Investigación, un esfuerzo que, como en Coahuila, resulta necesario hacer. Pero la Ley General no va a detener la crisis ni resolver los crímenes atroces, la insuficiencia ha sido demostrada en la experiencia de Coahuila. 

Sin duda uno de los pasos próximos a dar será contar con fiscalías verdaderamente autónomas, fiscalías que sirvan, pero la crisis de corrupción e impunidad en la que están inmersas no se los permitirá, salvo que un Mecanismo Internacional Extraordinario les ayude a salir de su marasmo. Esto también ha sido probado en la experiencia de Coahuila.

Creemos con firmeza que el Mecanismo Internacional Extraordinario es necesario para todo el País, pero por lo dicho aquí, también lo hemos exigido para Coahuila, así se lo hemos hecho saber al gobernador Miguel Riquelme (lo contrario será repetir la historia con Rubén Moreira) y esta será ahora la medida de la voluntad política. 

Los derechos a la verdad, a la justicia y la reparación de las víctimas, y después de la sociedad en su conjunto, ya no pueden esperar, ya lo hemos intentado todo.