La disputa por los salarios
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Periodistas, políticos e intelectuales se han pronunciado sobre la idea que propuso López Obrador acerca de que en México se pagan salarios excesivamente altos, y que eso no debe seguir porque el País tiene demasiados problemas que resolver y millones de pobres por un lado, y una clase política acaudalada por el otro. La receta que se quiere imponer consiste en que ningún empleado de gobierno pueda ganar más que el Presidente. Muchos hemos aplaudido la medida, no porque tengamos envidia de los que ganan más sino porque la mayoría no lo merece y, también, porque sus sueldos no son los que realmente reflejan sus principales ingresos sino la corrupción: robo descarado, uso de información privilegiada, cobros de porcentajes por obras contratadas, cotizaciones elevadas dolosamente y demás.
La idea, repito, es simple y fue bien acogida aun por quienes podrían ser los primeros perjudicados, como es el caso de quienes rodean al Presidente –los senadores y diputados– y, en general, todos los que ganaban o deseaban ganar más que el Presidente.
Hay dos ejemplos de funcionarios que tienen salarios extraordinarios, evidentemente mayores a 108 mil pesos, que es lo que gana Andrés Manuel: los consejeros del Instituto Nacional Electoral y los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Los consejeros del INE se adelantaron y sin fastuosidad, quiero decir discretamente, se bajaron el sueldo para no ganar más que el Presidente. Esto ha sido poco comentado y nos muestra a un grupo de personas privilegiadas por salarios enormes (de 170 mil a 230 mil pesos mensuales). Casi parece imposible que, sin presión alguna, por conciencia, hubo personas que llegaron a la conclusión de que algo había de injusto en su holgada vida a pesar de sus labores a veces pesadas y siempre arriesgadas por estar expuestos al vilipendio, la acusación cómoda de los periodistas y las comunicaciones en redes sociales. Siempre estamos prontos al escarnio y deberíamos estarlo al agradecimiento y la admiración.
Por su parte, los ministros se han negado a modificar sus alcances pecuniarios y sus concesiones llegan apenas a (¡oh, generosidad y desprendimiento!) prescindir del pago de la lavandería y de sus propias sirvientas. Los ministros fueron acusados, malamente, por López Obrador de ganar 600 mil pesos mensuales. En realidad no sabemos cuánto ganan porque reciben demasiadas prebendas que no aparecen en el cheque mensual, pero pasan de 400 mil. La mensualidad sobrepasa los 310 mil pesos brutos, lo que significa que reciben 10 mil pesos diarios de forma directa, sin despeinarse.
Los ministros primero discutieron acaloradamente sobre los derechos que les ampara la Constitución. Rechazaron las llamadas de atención de diputados y senadores, y luego su presidente el ministro Luis María Aguilar, en un discurso de una enorme violencia simbólica, golpeó de frente al Ejecutivo argumentando que la ley exigía la libertad y autonomía de los poderes. Todo eso es verdad y el ministro tiene razón, pero… de eso no se estaba hablando. Quiero decir que el problema no era la división de poderes y la necesidad de que sean independientes, cosa que no habían sido bajo los gobiernos anteriores; se estaba tratando de sus desvergonzados salarios y no de otra cuestión. Si la autonomía sirve para servirse con la cuchara grande pues nos preguntamos ¿qué es autonomía? Es como si la autonomía universitaria tuviera la función de permitir abusos.
Toda comparación, afirma el vulgo, es odiosa. En este caso la comparación entre los consejeros del INE y los ministros de la Suprema Corte es odiosísima, sin duda, en favor del INE y en contra de la Corte.
Lo anterior, sin mencionar que uno de los ministros ha sido señalado por muchos como un personaje con deudas de orden moral. No digo más porque ellos sí pueden enviarme mañana lunes a Siberia; tienen todo el poder y nos han demostrado que lo saben usar.
¡Qué tiempos estamos viviendo en que los jueces se valen de su posición de fuerza para sus propios beneficios! Y el ministro argumentó, citando a Benito Juárez, ¡qué desatinos!