Identificadas 22 víctimas de abuso sexual por dos curas en Argentina
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Entre los cinco detenidos e imputados por presunto abuso sexual agravado y maltratos físicos están el sacerdote Nicola Corradi de 82 años y quien había sido denunciado por abuso en Italia; el también sacerdote Horacio Corbacho, de 55, y tres empleados del lugar: José Luis Ojeda, Jorge Bordón y Armando Gómez, que realizaban tareas administrativas y de jardinería
Buenos Aires. La justicia ha identificado a por lo menos 22 víctimas de presuntos abusos sexuales cometidos por dos curas católicos y tres empleados de un instituto para sordos en la provincia argentina de Mendoza, un caso que escandaliza a los investigadores.
Las víctimas, de unos 20 años de edad en la actualidad y entre los que hay sordomudos y jóvenes con distintos problemas de audición, brindaron en los últimos días su testimonio a fiscales con la ayuda de intérpretes y psicólogos, dijo el lunes a The Associated Press Alejandro Gullé, procurador de la Corte Suprema de Mendoza, unos mil kilómetros al oeste de Buenos Aires.
"Este es un caso realmente gravísimo con consecuencias irreparables, sobre todo las psíquicas y espirituales, a un sector doblemente vulnerable no sólo por la edad sino también por la falta de comunicación", sostuvo el jefe de los fiscales mendocinos.
Entre los cinco detenidos e imputados por presunto abuso sexual agravado y maltratos físicos están el sacerdote Nicola Corradi de 82 años y quien había sido denunciado por abuso en Italia; el también sacerdote Horacio Corbacho, de 55, y tres empleados del lugar: José Luis Ojeda, Jorge Bordón y Armando Gómez, que realizaban tareas administrativas y de jardinería.
Las autoridades judiciales encontraron en allanamientos realizados en la habitación de Corradi en el Instituto Antonio Próvolo revistas y material audiovisual con contenido pornográfico y unos 550 mil pesos en efectivo (unos 34.300 dólares), lo que ha complicado la situación del anciano sacerdote quien en los años 90 fue trasladado por la congregación de Próvolo desde Verona, Italia, a Argentina para aparentemente alejarlo de las denuncias de las que era objeto.
BishopAccoutability.org, un portal en internet sobre pederastia clerical, dijo días atrás que grupos italianos de víctimas de abuso le habían advertido al Vaticano en 2008 y 2014 sobre Corradi y otros acusados de abusar sexualmente de niños en una escuela para sordomudos en Verona.
"Es espantoso y doloroso que Corradi no haya sido frenado por el papa Francisco ni otras autoridades de la Iglesia. La presencia de Corradi en la escuela en Mendoza no era un secreto", afirmó Anne Barrett Doyle, codirectora de BishopAccountability.
Las víctimas argentinas, que fueron abusadas desde 2007, son de Mendoza y de otras provincias como Tucumán y San Luis ya que en el establecimiento educativo, al que acuden más de medio centenar de menores, también funciona un internado para algunos alumnos que provienen de localidades alejadas.
Gullé señaló que los fiscales "están yendo desde atrás para adelante en la investigación" y temen que haya casos recientes de abusos de menores en el instituto.
Indicó además un testigo de La Plata, 60 kilómetros al sur de Buenos Aires y donde Corradi estuvo previamente asignado en otra de las sedes del Instituto Próvolo, acusó al sacerdote de hechos similares a los presuntamente ocurridos en Mendoza.
"Corradi aparece como organizador de todo, en complicidad con el otro sacerdote y los otros detenidos, pero tenemos que ir por los que silenciaron esto; parece poco probable que ocurriera sin que otros empleados lo supieran", afirmó el jefe de los fiscales.
Sobre el papel del Arzobispado de Mendoza, que dijo sentirse horrorizado por lo ocurrido y desconocer que el anciano cura había sido denunciado en Italia, Gullé indicó que la argumentación de las autoridades eclesiásticas es que el religioso fue trasladado con una carta de presentación que no precisaba sus "antecedentes".
Asimismo puntualizó que "no hay nada en la causa que relacione" a las autoridades del Arzobispado con la causa judicial.
A los acusados, que permanecen detenidos en la penitenciaría de la ciudad de Mendoza, les fue asignado un defensor oficial y todavía no han declarado.
Los abusos incluían manoseos y violaciones y según Gullé estos delitos no han prescrito. De ser hallados culpables los acusados podrían recibir una pena de unos 50 años de cárcel si se suman todos los hechos presuntamente cometidos.
