I. JALONEO I
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I. JALONEO I
A poco tiempo de que se defina el monto para el Fortaseg, que se destina a la seguridad pública, duro está el estira y afloja. En una esquina, están la Secretaría de Hacienda, de Carlos Urzúa, y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y en la otra, el Estado y los municipios. Las firmas de los convenios normalmente se hacen los primero días de febrero. El año pasado, la entidad sufrió un recorte de recursos y de número de municipios beneficiados. En 2017, se repartieron 186 millones de pesos entre 13 municipios; en 2018, 131 millones entre 8.
II. JALONEO II
Y es que antes de definir los montos, los beneficiados y la ministración de los recursos, la dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, trae bien cortitos a los Estados y Municipios, a los que les está pidiendo el reintegro del dinero que no hayan utilizado; y dos, un reporte exhaustivo de los recursos aplicados, todo esto, a más tardar este 31 de enero próximo.
III. CUESTIONADO
Que el que suena para irse a trabajar a la Conaza es Luis Edmundo Ramírez, quien fue Jefe de Servicios Asistenciales en la administración del rector Jesús Valenzuela, en la Narro. La cuestión es que el aludido tuvo un paso polémico por esa oficina, en donde por ejemplo, se hizo un escándalo por un faltante de 5 millones de pesos. De esa área también depende el comedor de esta universidad, cuyo servicio fue bastante criticado por los estudiantes, como cuando aseguraron que la comida que se servía traía gusanos. Ahí la dejamos.
IV. ARMANDO
El PAN, de Bernardo González, se sigue “armando” de recursos legales para impugnar cualquier decisión del Instituto Electoral de Coahuila que abra la puerta al “nacimiento” de uno o varios partidos políticos. Incluso, se habla de que habría pruebas que evidencian actuaciones cuestionables del personal del instituto que se encargó de validar las asambleas distritales y municipales que realizaron las asociaciones. Veremos si no están asustando con el petate de muerto.
V. VITRINA
El senador coahuilense Armando Guadiana, en su calidad de integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, estuvo en la vitrina nacional al apersonarse en el acto en el que Carlos Morán, subsecretario del Transporte de la SCT, habló de un tema sensible: el accidente en donde murieron el senador Rafael Moreno Valle y su esposa Martha Érika Alonso, gobernadora de Puebla. El funcionario federal, ante prácticamente reporteros de todos los medios nacionales, reconoció que la caída del aparato fue “inusual”.
VI. LLAMADO
En el caso en el que una sentencia del magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Marco Antonio Martínez Valero, que destituyó de sus funciones a un funcionario del área de Ingresos de San Pedro de las Colonias, ahora sabemos que del dinero que éste “perdió”, 600 mil pesos, apenas ha regresado la mitad. Lo que nadie explica, es por qué la decisión jurisdiccional ha sido tomada como un llamado a misa, pues el “castigado” sigue laborando como si nada hubiera pasado.
VII. DIPUTADOS
En Coahuila, el PRI, de Rodrigo Fuentes, quiere disminuir la edad de 21 a 18 años para poder ser diputado. Hoy, el propio líder tricolor, acompañado de la dirigente nacional de la CNOP, Viviana Mondragón, entre otros priistas, informarán sobre esa intención, que no es nueva en el País. En Hidalgo, en marzo de 2017, el Congreso reformó la Constitución de esa entidad para permitir a los jóvenes de 18 años poder ser legislador. Y en septiembre de 2018, el diputado federal Rubén Cayetano García, de Morena, presentó la misma propuesta, pero a nivel federal.
VIII. CHOFERES
Anote que decenas de taxistas de Torreón se quieren apersonar de nuevo en el Congreso del Estado para exigir que se haga más para regular a los prestadores del servicio Uber, que, afirman, les están quitando el pan de la boca. Los enojados trabajadores del volante advirtieron también que la administración municipal ha hecho poco. Lo cierto es que los taxistas andan enchilados.
IX. ESCÁNDALO
Mientras a nivel nacional se informó que el fraude contra derechohabientes del Infonavit en México se gestó mayormente en Coahuila, a nivel local el voluminoso expediente contra seis jueces y 12 secretarios de acuerdo y trámite mantiene aún estancada la denuncia. Según Juan Antonio García Villa, miembro del Consejo de la Judicatura, éste sería el escándalo más grande en la historia del Poder Judicial local, mayor que el último, que fue el desfalco por el Ficrea, en tiempos de Gregorio Pérez Mata en la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia.
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