Huellas de violencia militar en Coahuila
Desde abuso de poder, violaciones sexuales y hasta ejecuciones extrajudiciales han pegado en la entidad
La nueva Ley de Seguridad Interior —aprobada apenas el mes pasado por el Congreso— anticipa mayores violaciones a los derechos humanos y hasta un posible repunte de la violencia en México, han advertido organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y activistas mexicanos y extranjeros.
Previo a su aprobación, Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), cuestionó si las Fuerzas Armadas deberían ejercer funciones de seguridad interior o sí la seguridad interior es la correcta para abordar la criminalidad y violencia por la que atraviesa el país.
Luego de su aprobación, Amnistía Internacional exigió al gobierno de Enrique Peña Nieto que ‘vete la ley’ porque es contraria a las obligaciones del país bajo el derecho internacional y pone en serio riesgo los derechos humanos en México.
“Al igual que las defensoras y defensores de derechos humanos en México, organismos internacionales y expertos de la academia, Amnistía Internacional ha hecho un pormenorizado análisis de la ley y ha constatado que es contraria a las obligaciones del país bajo el derecho internacional”, expuso el organismo a través de una misiva enviada al Presidente.
Y es que las advertencias a las que se refieren los defensores de derechos humanos están basadas en innumerables casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas desde 2006, año en que Felipe Calderón sacó al Ejército a las calles.
Recordemos que durante el sexenio de Vicente Fox se presentaron mil 135 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra las fuerzas armadas y se emitieron 11 recomendaciones. Mientras que en el periodo de Felipe Calderón Hinojosa y los primeros cuatro de Enrique Peña Nieto se presentaron más de 10 mil 751 quejas y se emitieron 146 recomendaciones.
Además, se ha documentado que entre 2012 y 2016 la Procuraduría General de la República (PGR) inició más de 500 investigaciones por delitos de castrenses contra civiles, obteniendo condenas únicamente en el tres por ciento de los casos.
En Coahuila de acuerdo con reportes periodísticos y de ONG, son diversos los casos denunciados sobre excesos de fuerzas federales, sin embargo la CNDH tiene contabilizadas solo cuatro recomendaciones dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de las cuales en tres sí se confirmaron violaciones flagrantes.
CASO ´PÉRISCO DANCING´
Uno de los casos más emblemáticos fue el ocurrido la madrugada del 11 de julio de 2006 en Castaños. En los table dance “Pérsico Dancing” y “Las Playas” al menos 14 mujeres fueron violadas y torturadas por un grupo estimado de 25 militares pertenecientes al 14 Regimiento Motorizado del Ejército mexicano.
En el expediente 037/2007 se indica que un grupo de siete militares vestidos de civiles ingirieron bebidas alcohólicas en el lugar y uno de ellos tuvo problemas con otro cliente que acabó en golpes. Los policías municipales que vigilaban el lugar lo detuvieron aunque más tarde fue liberado por sus compañeros.
Media hora después en un vehículo Hummer —propiedad del Ejército— regresaron cerca de 30 militares armados al bar “Las Playas” con el argumento de que revisarían la supuesta venta de drogas y de encubrimiento de mujeres migrantes. Ahí se dividieron en varios grupos y comenzaron a abusar sexualmente de las trabajadoras.
“Abusaron de ellas en forma tumultuaria y a otra mujer que estaba embarazada le provocaron un aborto”, reveló la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación emitida a la SEDENA.
En el ataque también fueron agredidos siete policías municipales y parroquianos.
A 11 años de distancia la Fiscalía de Coahuila ha reconocido que al menos 22 militares se encuentran presos en los reclusorios por violaciones cometidas con abuso de autoridad por ese caso. De éstos, 20 han sido sentenciados a entre 21 y 41 años de cárcel.
El informe Sobrevivir a la Muerte: Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México, elaborado por Amnistía Internacional y presentado el año pasado señala que de 100 arrestos examinados por el organismo defensor de derechos humanos en 14 casos intervino el Ejército y sometió a tortura y malos tratos a las mujeres detenidas.
LOS ESTUDIANTES EJECUTADOS
La noche del 19 de marzo de 2010 cayeron tendidos sobre la calle Luis Elizondo y avenida Eugenio Garza Sada —al sur de Monterrey— Jorge Antonio Mercado Alonso —originario de Saltillo— y Javier Francisco Arredondo Verdugo. Los jóvenes estudiaban para los exámenes trimestrales en la biblioteca del Tec de Monterrey y siete minutos después fueron acribillados por un grupo de militares.
Esa noche los jóvenes supuestamente fueron ‘confundidos’ con criminales, pues momentos antes el Ejército sostuvo un enfrentamiento con delincuentes que aparentemente se internaron en el plantel para evadirlos.
Tras el ataque, los militares ‘sembraron’ a los estudiantes tres armas largas, 15 cargadores, teléfonos celulares, una tabla de tortura, fornituras, libretas, esposas y otras pertenencias.
Sin embargo, en la recomendación 45/2010 emitida por la CNDH se documenta que las balas con las que fueron asesinados Jorge y Javier eran de uso exclusivo del Ejército.
Después de varios años de investigación, apenas en 2016 los familiares de los estudiantes se reunieron con el subprocurador Gilberto Higuera, quien les dijo que “el caso ya estaba listo”, pero que “quería revisarlo personalmente” para que no se produjeran errores en la consignación.
TRABAJAR CON DIOS Y CON EL DIABLO
El 13 de marzo de 2011 un grupo de 16 militares pertenecientes al 69 Batallón de Infantería en Saltillo, fue detenido por formar parte de una presunta red que colaboraba con una célula del crimen organizado proporcionando información sobre los operativos que realizaban a cambio de pagos en efectivo.
Los militares condenados a finales de abril de este año a 26 años y tres meses de prisión son los tenientes: Sócrates Humberto López Escobar, Javier Rodríguez y Marcos Augusto Pérez. También los subtenientes: Francisco Javier Soto Núñez, Carlos Miguel Gallardo, Édgar Valencia; así como el cabo Pedro Montes, y el soldado Omar Martínez.
EL SARGENTO VIOLADOR
La mañana del sábado 21 de octubre de 2017 una joven de 27 años fue violada por Gilberto Martina Sánchez, sargento perteneciente al 69 Batallón de Infantería en Saltillo.
El militar, alcoholizado y bajo la influencia de las drogas, era el jefe de reclutamiento y aprovechó su cargo para asechar a la joven en una vivienda de la colonia Bellavista, donde también se atrincheró para evitar ser detenido.
Hasta mediados de abril del año pasado en la administración de Enrique Pea Nieto la justicia militar sentenció a 622 elementos del Ejército Mexicano por delitos como abuso de autoridad, insubordinación, deserción, desobediencia y robo.
Según la SEDENA, el 90 por ciento de los elementos castrenses sancionados son militares de bajo rango, como cadetes, soldados, cabos o sargentos. Sin embargo, en militares de alto rango como generales de brigada, coroneles, tenientes, mayores y capitanes, han recibido sentencias ejecutoriadas o definitivas.
