En México no se investiga, no se sanciona; es el país más corrupto de la OCDE

Por Claudia Altamirano (@claualtamirano) para Animal Político

El lugar de México en el Índice mundial de Percepción de la Corrupción ha ido en picada desde 2013 y, en el conteo más reciente, cayó tres lugares más, ubicándose en la posición 138 de 180 a nivel global. Esta nueva caída ubica al país en el último lugar entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en materia de combate a la corrupción.

El Índice 2018, publicado la noche de este lunes por la organización internacional Transparency International, coloca a México en el grupo de naciones con graves problemas de gobernabilidad y menores niveles de ingreso y desarrollo humano, con 28 puntos en la escala de 0 a 100 del Índice. De esta forma, el país queda apenas por encima de otros latinoamericanos como Guatemala y Nicaragua, que enfrentan severas crisis de gobernabilidad democrática, señala el reporte.

Este ranking, que mide la percepción de expertos internacionales en corrupción y analistas de riesgo financiero, consideró que las medidas que México tomó durante 2018 para combatir este flagelo fueron ineficaces porque se basan sólo en la prevención, sin estar acompañadas de sanciones, recuperación de activos robados o reparación de daños a las víctimas.

Además, el enfoque del combate a la corrupción en México ha fracasado porque sus instituciones no investigan redes sino sólo a las cabezas visibles de la red, mientras el resto de sus miembros siguen operándola, advirtió Eduardo Bohórquez, director de la oficina en México de Transparencia Internacional.

“No es solo un exgobernador sino una red de funcionarios, empresas, particulares, notarios. Por eso insistimos en el enfoque de desmantelar redes, porque de poco te sirve detener a una persona si la red sigue”, dijo Bohórquez a Animal Político.

Otro de los factores que enturbian el combate a la corrupción en este país, de acuerdo con el director de Transparencia Mexicana, es el tratamiento diferenciado de casos con el mismo nivel jerárquico: una serie de exgobernadores han sido acusados de diversos delitos ligados a corrupción pero no todos han recibido el mismo trato del gobierno federal, lo que a decir del activista, ilustra quiénes tienen mayor protección política.

“El gobierno se mostraba mucho más cómodo hablando de Duarte que de Medina o Borge, son redes de protección política distintas”, dijo en referencia a los exgobernadores Javier Duarte, de Veracruz (actualmente preso) y Rodrigo Medina, de Nuevo León (acusado de otorgar incentivos irregulares a la armadora KIA Motors y posteriormente absuelto). “La red siempre tiene al lado otra red de protección política, que pueden no ser cómplices pero sí beneficiarios de los actos de corrupción”, abundó el director de Transparencia Mexicana.

La organización reveló que la ratificación en 1999 de la Convención de la OCDE para prevenir el Cohecho ha sido infructuosa, ya que desde ese año a la fecha se inició un número limitado de investigaciones y ninguna de ellas ha derivado en sanciones penales por ese delito.

Parte de las causas de esta ineficacia es que el marco legal anticorrupción aprobado por México en 2015 sigue sin ser implementado a cabalidad, según el reporte. Señala que el Sistema Nacional Anticorrupción no está plenamente integrado a tres años de su creación: siguen sin ser nombrados los titulares de la fiscalías Especial Anticorrupción, de Delitos Electorales y de Derechos humanos; así como los jueces anticorrupción en materia administrativa.

“México carece de una política anticorrupción integral para todos los niveles y poderes de gobierno. Sin una política efectiva en todo el territorio, los escándalos de los que la sociedad mexicana ha sido testigo por décadas seguirán sucediendo, y México se mantendrá en esta lamentable posición, en éste y otros índices internacionales”, advierte el texto del Índice.

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