El verano de 2017

México enfrenta una tragedia que aún no alcanza su total magnitud. De nueva cuenta los sismos han cimbrado el país, las instituciones públicas y a la mediocre clase política que, ante la emergencia, se hunde en un mar de demagogia.
Al igual que en 1985, la ciudadanía se ha empoderado de la emergencia, rebasando a la autoridad en todos sus órdenes. Miles de jóvenes, muchos de ellos menores de edad, inundaron de solidaridad las calles y las comunidades más remotas de las entidades afectadas, dando vida a una nueva identidad colectiva.

De los escombros y de la incompetencia institucional ha surgido una nueva generación que ha cobrado conciencia de su ser colectivo y de lo que son capaces de realizar: la generación del "Verano de 2017", conformada por jóvenes que hicieron suyas las calles y que, pronto, harán suyas las ciudades y el país.

Los sismos también pusieron en evidencia la vulnerabilidad a la que estamos expuestos, y lo peor de la condición humana y de la clase política: gobernadores que desvían la ayuda para el lucro político; cadenas comerciales que aumentan los precios y establecen centros de acopio al lado de la caja de pago; la profusión de una campaña política contra la política, en la que importa quién está frente a la cámara, o detrás del micrófono, incrementar el rating, tanto manipulando las emociones que acompañan la tragedia, como difundiendo información falsa.

Son muchas las lecciones que deja este desastre: la necesidad de revisar políticas de prevención; de los planes de ordenamiento territorial; las normas de construcción, su cumplimiento y erradicar la corrupción. Es prioritario reestablecer los protocolos de actuación ante contingencias, pues como ha sido evidente en estos días, no hubo línea de mando ni vocería oficial, en la actuación de las dependencias públicas, así como en los instrumentos de cooperación con la industria de la construcción, los hospitales privados, el sector hotelero y las cadenas de abasto. Fallaron la coordinación con las brigadas de voluntarios y rescatistas, su distribución adecuada y los relevos en labores de rescate. Es importante reestablecer el Servicio Geológico Metropolitano, abandonado en 2007, y eliminar la reserva para acceder a los atlas de riesgos sísmicos, volcánicos e hidrometeorológicos, limitada bajo el argumento de que su publicidad afecta al mercado inmobiliario.

Es momento de hacer un alto en el camino, dejar atrás la simulación y el mercadeo político, para intentar comprender los nuevos tiempos políticos. No se trata de volver a la normalidad anterior, por el contrario, debe quedar atrás la "normalidad" de la corrupción, la impunidad, la simulación y la indiferencia. No se trata de abolir la política, sino de recuperarla como un bien público.

Qué bien que se cree un Fondo Especial para la Reconstrucción, que utilice los recursos del Fonden, los bonos catastróficos del Banco Mundial y las aportaciones de gobiernos extranjeros, organismos multilaterales o particulares, pero no es suficiente, es preciso establecer un régimen de austeridad en los poderes de la Unión y en los órganos autónomos, así como una drástica reducción de los recursos ordinarios y las prerrogativas de campaña.

Los partidos han aceptado la reducción de sus recursos, pero recurren, ante la indignación y el descontento popular, a la demagogia: que se elimine el financiamiento público a los partidos; que se eliminen los diputados plurinominales; que se reduzca a un solo senador por entidad federativa, que se reviertan, en síntesis, los avances que a lo largo de 40 años ha alcanzado nuestra precaria democracia. Que regresemos a 1976, a los tiempos del autoritarismo, de candidatos únicos a la Presidencia, a la sobrerrepresentación de partidos que asumen el gobierno con el apoyo de una minoría del electorado, dejando en manos del dinero proveniente de los poderes fácticos y delictivos la vida política del país, bajo la lógica neoliberal a la que sólo falta privatizar la política y las elecciones.

La reconstrucción debe priorizar la protección a la vida, la salud, la alimentación, la vivienda, la educación y la integridad y respeto a los derechos humanos de los damnificados, y abrir paso a una nueva forma de hacer política y a una nueva generación de políticos íntegros. Los mexicanos están hartos del mal gobierno, cuyo agotamiento ha puesto en evidencia los sismos.