El informe del gobernador

El artículo 84 de la Constitución Política de Coahuila dispone que es deber del gobernador “asistir e informar al Congreso, el 30 de noviembre de cada año… sobre el estado general que guarda la administración pública estatal”. La fecha señalada está ya próxima.

Por ser demasiado lacónico el citado texto constitucional, no queda suficientemente claro cómo ha de ser el desarrollo de la sesión del Congreso a la que el gobernador debe asistir cada año a informar. No se especifica si tal deber queda adecuadamente cumplido con sólo asistir, entregar el documento que contiene su informe y retirarse. O bien si debe darle lectura desde la tribuna legislativa. Y otra posibilidad consiste en que, además de la entrega, dirija un mensaje a la representación popular.

De ser cualquiera de las dos últimas modalidades la que se adopte, en reciprocidad y para mantener el equilibrio que debe prevalecer entre Poderes, corresponderá entonces que un representante de cada grupo parlamentario haga uso de la palabra para exponer su visión sobre el estado que guarda la administración pública estatal.

En torno al tema, la Ley Orgánica del Congreso tampoco es suficientemente explícita respecto a cómo ha de llevarse a cabo la sesión del 30 de noviembre. Su artículo 256 sólo dice lo siguiente: “El gobernador del estado informará cada año al Congreso sobre el estado general que guarda la administración pública estatal según lo dispuesto en la Constitución Política del estado de Coahuila”.

Y en un segundo párrafo el citado artículo dice lo siguiente: “La legislatura realizará el análisis del informe presentado por el gobernador mediante la comparecencia de las y los secretarios del ramo ante las Comisiones correspondientes por materia”. Nótese que estas comparecencias ya no son ante el Pleno sino ante las comisiones legislativas, actos desde luego de muy distinta naturaleza, por lo que no puede alegarse que hacen innecesaria la participación de los diputados de las distintas corrientes políticas en la sesión en que se presenta el Informe.

Para hacer el análisis crítico –aunque desde luego responsable, objetivo y serio– del contenido del informe rendido por el gobernador, hay varios caminos o métodos. Uno obvio consiste en contrastar, sobre la base de datos duros y comprobables, lo informado por el Ejecutivo estatal y la realidad que en los diversos órdenes registra la entidad y vive o sufre la población.

Otra vía –que me parece inobjetable y es además la legal– puede consistir en monitorear o registrar en qué medida se han cumplido las propuestas y metas, o se han llevado a cabo las acciones a realizar que aparecen consignadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023 (PED), formulado y aprobado por el propio gobernador del estado.

En efecto, el artículo 6 de la vigente Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado señala lo siguiente: “El titular del ejecutivo hará mención expresa en el informe que rinda al Congreso… de las acciones realizadas para la ejecución del Plan”.

El PED contiene, en los cuatro ejes que lo conforman, fácilmente más de un centenar de propuestas (metas, acciones y proyectos) de cumplimiento verificable. La mayoría son más bien de relevancia menor y sólo un pequeño número de carácter sustantivo. Imposible hacer aquí de todas estas últimas un análisis del grado en que avanzaron o se cumplieron durante el primer año del actual gobierno estatal; pero sí al menos de media docena de las que a mi juicio son de las propuestas más importantes del PED.

Las propuestas que a continuación se enuncian (con señalamiento de la página en que aparecen en la edición oficial impresa del PED) registran prácticamente cero cumplimiento, o es mínimo que no se les percibe avance alguno. Son las siguientes:

“Llevar a cabo acciones para racionalizar la estructura del gasto público y fortalecer los ingresos propios del Gobierno Estatal” (pp. 27 y 41).

“Introducción del Servicio Profesional de Carrera” (pp. 27 y 43).

“Desincorporar del patrimonio estatal aquellos activos no prioritarios para el desempeño de la función pública y destinar los ingresos al pago de la deuda” (p. 41).

“Poner en marcha una política de gobierno abierto” (p. 42).

“Desarrollar ciudades inteligentes que impulsen la innovación” (p.66).

“Lograr el acceso universal a los servicios de salud de calidad” (p.79).

Incluye también la siguiente: “Poner en práctica un sistema de indicadores de resultados que permita el seguimiento del cumplimiento de objetivos y metas” (p. 40).

Sobre estos indicadores de resultados debe decirse que sí los establece el PED, en número de 90. Señala en qué consisten pero no se dice cuál es la meta de cada uno hacia el final del actual gobierno. Se anuncia su elaboración trimestral y que su “comportamiento será difundido permanentemente a través del portal del Gobierno del Estado” (p. 88). Sin embargo, el PED tiene una deficiencia grave: no establece tiempos de ejecución para cada una de las propuestas que contiene.