El Gobierno de Ramos Arizpe y su ‘proveedor favorito’

Apenas la semana anterior, la Fiscalía Anticorrupción del Estado dio a conocer que abriría una carpeta de investigación con el propósito de establecer si se ha cometido algún ilícito en la adquisición de útiles escolares en el municipio de Ramos Arizpe, donde uno de los proveedores fue un “gestor social” del PRI. Hoy se sabe que dicho gestor bien puede ser calificado como “proveedor favorito” en aquel municipio.

Y es que, de acuerdo con el reporte que publicamos en esta edición, Alejandro Rodolfo Gámez no solamente ha sido beneficiado con la asignación de contratos en la presente administración, sino también en la anterior, encabezada por Ricardo Aguirre Gutiérrez.

Durante el período de la administración pasada (2014-2017), el “gestor social” del Revolucionario Institucional habría “conquistado” casi 900 contratos que le implicaron ingresos por 20.6 millones de pesos. La mayoría de los contratos recibidos fueron, como resulta ocurrir en estos casos, por adjudicación directa.

Más allá del número de contratos y del monto de los mismos, resalta el hecho de que el señor Gámez vende lo que haga falta: lo mismo pavos congelados que útiles escolares, aceite para motor, alimentos para policías o productos de limpieza.

No hace falta ser demasiado perspicaz para incubar la sospecha de que podríamos estar ante un caso de “coyotaje”, es decir, un individuo que en realidad no vende nada sino que “consigue” los contratos y sólo actúa como intermediario entre los verdaderos proveedores de los bienes o servicios y el municipio de Ramos Arizpe.

Habrá que esperar, desde luego, a ver si la Fiscalía de Jesús Homero Flores Mier incorpora estos nuevos datos a la pesquisa que ya anunció la semana anterior y que sólo implicaría indagar, por ahora, la naturaleza de las contrataciones realizadas entre el “gestor social” y la administración de Lilia María Flores Boardman.

Pero mientras eso ocurre es imprescindible preguntarse cómo es que una investigación periodística es capaz de detectar estas asignaciones “sospechosas”, pero en las instituciones públicas en donde se cuenta con toda la información –o al menos con la posibilidad de analizarla–, tales movimientos no despiertan inquietud alguna.

En ese sentido debe insistirse en lo dicho por el Fiscal Anticorrupción respecto de las primeras publicaciones relativas a este caso: lo que leyó en las páginas de VANGUARDIA le pareció suficientemente importante como para tomar la decisión de iniciar una carpeta de investigación.

Y es que si los censores de la Fiscalía Anticorrupción sólo se van a activar merced a las publicaciones periodísticas, entonces algo está mal en el modelo que se ha adoptado para combatir la corrupción, pues bastaría entonces con que ningún reportero detecte un acto que podría ser irregular para que éste no se investigue formalmente y, eventualmente, los autores del mismo puedan alcanzar el territorio de la impunidad.

Porque aquí la pregunta importante es: ¿será éste el único “proveedor favorito” del Estado?