El fraude de Morena (I)

El escándalo por el fideicomiso creado por Morena para ayudar a los damnificados por los sismos en el centro y sur del País el año pasado jamás hubiera alcanzado sus niveles actuales de haberse quedado callado Andrés Manuel López Obrador, quien sigue escalando su beligerancia. ¿Por qué no dejó que los representantes de Morena litigaran en tribunales contra la multa de 197 millones de pesos que le fijó el Instituto Nacional Electoral por el uso ilegal de recursos para fines privados? Su voz potenció un tema que por semanas le importó poco a la sociedad y lo colocó en un aparador.

La reacción de López Obrador es consecuente con su eterna postura moral y principista. Por ello, su defensa no ataca el fondo de la resolución, sino la percepción que de este emana: que no es un político honesto, que miente y que lastimó a aquellos sectores a quienes ofreció proteger. Esto no podía dejarlo pasar. De ahí la renovada acusación que se trata de un “complot”. En el horizonte apareció la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre ese fideicomiso, el Pemexgate, Amigos de Fox y Monex?

Lo primero que habría que ver es lo que la resolución del INE no dice, y lo que representa para el resultado de la elección presidencial. Primero, el INE nunca afirma que el dinero del fideicomiso para los damnificados fue utilizado para las campañas electorales, que es en donde se ha centrado la respuesta de los principales líderes y figuras de Morena. Es decir, el alegato es una cortina de humo que busca llevar la discusión pública a un terreno inexistente, pero fértil para el debate. Presentar en medios de comunicación a damnificados del sismo que recibieron dinero del fideicomiso, les permite construir la realidad alterna de que el INE miente, que lo ataca junto con el Gobierno, y que se evapore la imputación de deshonestidad.

Lo segundo es que la multa no modifica el resultado electoral porque no hay afectación de equidad, ni rebase a los topes de campaña, ni existe una diferencia menor al 5 por ciento entre el primero y el segundo lugar. O sea, López Obrador va a ser presidente de México a partir del 1 de diciembre. Lo que sí establece el proyecto de resolución de 154 páginas es que López Obrador mintió y reconoció haber violado la ley electoral:

1. El 20 de septiembre de 2017, López Obrador, entonces dirigente de Morena, anunció que donaría el 50 por ciento de la prerrogativa federal (dinero de contribuyentes) que recibiera Morena para sus gastos de campaña en 2018. El 22 de abril de este año, durante el primer debate presidencial, aseguró que Morena había ido destinando el financiamiento público a un fin distinto de su objeto. En ese momento, dijo que 72 millones de pesos de los contribuyentes se había dedicado unilateralmente a promover la ayuda a damnificados.

Esto contraviene el artículo 41 constitucional, que garantiza el derecho a los partidos de recibir financiamiento público destinado “al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales”, así como el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos que prevé que es obligación de ellos “aplicar el financiamiento de que dispongan para los fines que les hayan sido entregados”. El reconocimiento del destino de los recursos públicos para fines distintos a lo que le establecía la ley lo hizo explícitamente admitir que estaba violando la ley y declarase culpable de ello, con un lenguaje político que arropaba una acción noble de su parte.

2. El 25 de septiembre se formalizó el fideicomiso “Por los Demás”, donde el INE probó vínculos y subordinación de sus fundadores con el entonces presidente de Morena, quienes se encargaron de designar a las personas que serían las beneficiarias de los recursos con los cuales contara el fideicomiso. El Comité Técnico que fue creado para esos fines instruyó a la fiduciaria, en contravención también con lo estipulado en el mismo contrato del fideicomiso, que entregara los recursos del fideicomiso a terceros que no eran “sujetos de apoyo” y que eran, a su vez, personas ligadas a ese partidos. Ninguno de ellos se encontraba en el padrón de damnificados que elaboró la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial  y Urbano.

Estos dos puntos golpearon por debajo de la línea de flotación de López Obrador, que toda su vida pública se ha presentado como el ejemplo de la moral y la honestidad. No es la primera vez que queda atrapado en la contradicción de su discurso con los hechos. En la campaña presidencial de 2012, el PRI –como ahora lo hizo con la denuncia sobre el fideicomiso– señaló que la asociación civil que había creado en 2006, Honestidad Valiente, había incumplido con sus obligaciones fiscales y ocultado por años el manejo de recursos, dejando abierta la sospecha de que se trataba de un financiamiento paralelo para su campaña presidencial. López Obrador lo negó fehacientemente, pero la fue sacando del ojo público hasta desaparecerla.

Seis años después está metido en un embrollo similar, pero con factores objetivos mucho más delicados. Uno es la sospecha que lucró políticamente con los sectores más afectados, en ingreso y por la tragedia, que éticamente sería imperdonable. Otro es que no es un candidato perdedor, sino el próximo presidente de México, por lo que la sospecha de financiamiento alterno a su campaña presidencial, como lo hicieron el PRI y el PAN en el pasado, que ronda por la mayoría de las páginas del expediente del INE, está sobre su cabeza. Contra ello es su incendiaria ofensiva.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapaRaymundo Riva Palacioo

 

 

 

Delitos sexuales, ¿por qué no pueden contenerse?

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Se ha dicho anteriormente pero siempre será importante recordarlo: el propósito de construir indicadores para aquellos fenómenos de la vida social, que se consideran relevantes, tiene como propósito fundamental el que tales indicadores sirvan como elemento orientador a las autoridades para el diseño, implementación, evaluación y perfeccionamiento de políticas públicas.

En otras palabras: medir un determinado fenómeno a partir de un indicador estadístico no tiene –no puede tener– solamente el objeto de contar con una cifra que nos diga cuál es el comportamiento puntual de dicho fenómeno en cada momento de la historia.

Además de ello, la intención es que el indicador nos diga si las acciones emprendidas por la autoridad, para incidir en el comportamiento del fenómeno que está siendo medido, están sirviendo o no para contenerlo y revertirlo o para mejorar su desempeño, según sea el caso.

Contrario a tal idea, lo común en el servicio público mexicano es que frente al comportamiento indeseable de múltiples indicadores las autoridades permanezcan más o menos impasibles, incluso cuando se trata de indicadores que retratan una realidad desastrosa.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al comportamiento indeseable de los indicadores relativos a la denuncia de delitos sexuales en la entidad.

De acuerdo con las estadísticas proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el primer semestre del año el número de carpetas de investigación iniciadas, por la presunta comisión del delito de violación sexual, se incrementó en 58 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado.

Además, durante el mismo periodo las denuncias por delitos sexuales se incrementaron, en general, en 20 por ciento al pasar de 518 a 625 casos denunciados.

No estamos hablando de un asunto menor sino de las conductas más violentas que puede sufrir una persona: el forzarle a cohabitar con otro individuo contra su voluntad o que su intimidad sea vulnerada de diversas formas. Y la conducta es aún más reprochable si la víctima es un menor de edad.
¿Qué están haciendo nuestras autoridades para garantizar que conductas a tal grado despreciables puedan ser erradicadas de nuestra sociedad? ¿Están considerando los indicadores del SESNSP como un insumo para evaluar las acciones emprendidas en este sentido?

Al respecto es importante decir que, frente a la estadística, no solamente cabe esperar una postura de las autoridades locales –estatales y municipales– respecto de los números aquí consignados, sino que resulta obligado que se nos diga qué medidas concretas van a emprender para modificar la indeseable realidad que los mismos retratan.

Una sola víctima de delitos sexuales resulta demasiado. Que durante el primer semestre del año se acumulen 625 casos en nuestra entidad constituye una cifra que debería escandalizarnos a todos y que tendría que obligar a las autoridades a actuar de inmediato.