Dictan dos primeras condenas por millonario fraude en el Ejército chileno

Santiago de Chile.- La jueza civil de la Corte Marcial, Rommy Rutherford, dictó hoy las dos primeras condenas por un fraude de los fondos de la Ley Reservada del Cobre en el Ejército chileno, que hasta ahora supera los 10 millones de dólares.

La magistrada sancionó al cabo Juan Carlos Cruz a una pena de doce años como autor del delito de fraude al fisco en carácter de reiterado y al pago de una multa por una cifra superior a los 138 millones de pesos, según difundió hoy radio Bio Bío.

Rutherford condenó también a la sargento Liliana Villagrán Vásquez a la pena de diez años y un día de presidio por el mismo ilícito y a pagar una cifra similar.

Las investigaciones pudieron establecer que Cruz y Villagrán cometieron los delitos entre 2010 y el 2013, cuando estaban destinados en el Comando de Apoyo de la Fuerza.

Según un informe publicado en agosto del 2016 por Bio Bío, un grupo de militares chilenos defraudó en 5.480 millones de pesos (unos 8,6 millones de dólares) pertenecientes al Estado entre 2010 y 2014, durante el Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014).

Tras un juicio interno efectuado por la institución, se estableció que el fraude se realizó con dinero de la Ley Reservada del Cobre y se ordenó el retiro de seis miembros de la organización.

El coronel Clovis Montero, extesorero del Estado Mayor del Ejército; el cabo segundo Juan Carlos Cruz Valverde, la sargento segundo Millaray Simunovic Bustamante, el suboficial Claudio González Palominos, el sargento segundo Miguel Escobar Díaz, la sargento primero Luis Meléndez Carrillo, y la sargento segundo Liliana Villagrán Vásquez fueron retirados de la institución.

Otros siete oficiales fueron amonestados, mientras que los coroneles Ricardo Márquez y Mirko Maturana no fueron sancionados, ya que se retiraron antes del fin del juicio.

Esa misma fecha, un semanario chileno destapó el llamado "Milicogate", al revelar que existía una gran operación de desvíos de fondos públicos llevada a cabo por oficiales y miembros del Ejército chileno.

El semanario denunció entonces la desaparición de alrededor de 2.000 millones de pesos chilenos (unos 3,1 millones de dólares) de las arcas públicas a través de facturas falsas que también se amparaban en el secreto de la llamada Ley Reservada del Cobre.

Esta ley fue promulgada en 1958 y publicada en una edición restringida del Diario Oficial, debido a que se trata de una orden secreta cuyo objeto es destinar ingresos de las empresas mineras de cobre para la compra y mantenimiento de armamento para las Fuerzas Armadas de Chile.