Delitos sexuales, ¿por qué no pueden contenerse?
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Se ha dicho anteriormente pero siempre será importante recordarlo: el propósito de construir indicadores para aquellos fenómenos de la vida social, que se consideran relevantes, tiene como propósito fundamental el que tales indicadores sirvan como elemento orientador a las autoridades para el diseño, implementación, evaluación y perfeccionamiento de políticas públicas.
En otras palabras: medir un determinado fenómeno a partir de un indicador estadístico no tiene –no puede tener– solamente el objeto de contar con una cifra que nos diga cuál es el comportamiento puntual de dicho fenómeno en cada momento de la historia.
Además de ello, la intención es que el indicador nos diga si las acciones emprendidas por la autoridad, para incidir en el comportamiento del fenómeno que está siendo medido, están sirviendo o no para contenerlo y revertirlo o para mejorar su desempeño, según sea el caso.
Contrario a tal idea, lo común en el servicio público mexicano es que frente al comportamiento indeseable de múltiples indicadores las autoridades permanezcan más o menos impasibles, incluso cuando se trata de indicadores que retratan una realidad desastrosa.
El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al comportamiento indeseable de los indicadores relativos a la denuncia de delitos sexuales en la entidad.
De acuerdo con las estadísticas proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el primer semestre del año el número de carpetas de investigación iniciadas, por la presunta comisión del delito de violación sexual, se incrementó en 58 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado.
Además, durante el mismo periodo las denuncias por delitos sexuales se incrementaron, en general, en 20 por ciento al pasar de 518 a 625 casos denunciados.
No estamos hablando de un asunto menor sino de las conductas más violentas que puede sufrir una persona: el forzarle a cohabitar con otro individuo contra su voluntad o que su intimidad sea vulnerada de diversas formas. Y la conducta es aún más reprochable si la víctima es un menor de edad.
¿Qué están haciendo nuestras autoridades para garantizar que conductas a tal grado despreciables puedan ser erradicadas de nuestra sociedad? ¿Están considerando los indicadores del SESNSP como un insumo para evaluar las acciones emprendidas en este sentido?
Al respecto es importante decir que, frente a la estadística, no solamente cabe esperar una postura de las autoridades locales –estatales y municipales– respecto de los números aquí consignados, sino que resulta obligado que se nos diga qué medidas concretas van a emprender para modificar la indeseable realidad que los mismos retratan.
Una sola víctima de delitos sexuales resulta demasiado. Que durante el primer semestre del año se acumulen 625 casos en nuestra entidad constituye una cifra que debería escandalizarnos a todos y que tendría que obligar a las autoridades a actuar de inmediato.
