Dejan a Alejandro Gutiérrez en penal estatal
Debe permanecer los meses de prisión preventiva cerca de los juzgados que llevan su caso
Bajo el argumento de que es conveniente que permanezca cerca de los juzgados donde se lleva su caso, un juez de Chihuahua negó al coahuilense Alejandro Gutiérrez, su traslado del Cereso estatal de Aquiles Serdán al Cefereso de Ciudad Juárez.
Con ello, el exsecretario general adjunto del PRI, acusado de peculado por más de 250 millones de pesos, deberá cumplir las medidas cautelares que se le dictaron –de seis meses y un año, por dos causas penales– en el reclusorio donde está actualmente.
“Estas decisiones judiciales están firmes, a pesar de que contra ellas se han interpuesto juicios de amparo por parte del imputado. A la fecha no han sido modificadas”, estableció Alejandro Legarda, juez de control en la audiencia de ayer, que contó con la presencia de Gutiérrez.
Sobre el rechazo de su transferencia al penal federal, Legarda señaló que, de acuerdo con el Código de Procedimientos Penales, las personas sujetas a prisión preventiva deberán cumplir con la resolución judicial en los centros penitenciarios más cercanos a donde se esté llevando su proceso.
“El Cefereso 9 de Ciudad Juárez está ubicado a 370 kilómetros de la capital de Chihuahua (…) para este juzgador, ello va a impactar negativamente en el trámite ordinario de los procesos penales del imputado”, resolvió el juez.
En ese sentido, expuso que, pese a que existen avances tecnológicos y que se pueden llevar a cabo las audiencias a través de videoconferencias, esto no es posible por lo delicado del caso y su impacto social en la comunidad.
Destituyen al presidente del Tribunal de Chihuahua
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la remoción del magistrado Julio César Jiménez Castro, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, por lo cual el organismo deberá realizar un nuevo proceso de elección.
La SCJN declaró inconstitucional el Artículo Segundo Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Chihuahua –una reforma impulsada por el gobernador Javier Corral–, que establecía la remoción del magistrado Gabriel Sepúlveda como presidente del Tribunal.
