De la publicidad de los contratos a las contrataciones abiertas
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Pese a tener un mercado interno cada vez más amplio, la venta de productos y servicios a los gobiernos sigue siendo una de las principales fuentes de ingreso para las empresas.
Tanto por su importancia económica como porque se trata de recursos públicos, la información sobre la forma en que contratan nuestros gobiernos debería ser de primera calidad y primordialmente pública. Es más, por su relevancia para las pequeñas y medianas empresas la información debería publicarse con formatos cada vez más sencillos y con estadísticas que permitan tomar decisiones.
En 2017, por ejemplo, el Gobierno Federal adjudicó contratos por más de 500 mil millones de pesos. Esta cifra representa alrededor de 2.9 por ciento del PIB. De acuerdo con Compranet, del total de las contrataciones realizadas en 2017 a nivel federal el 76 por ciento se realizaron a través de adjudicaciones directas; 13 por ciento por invitaciones a cuando menos tres concursantes; y 10 por ciento mediante licitaciones públicas.
Con la información disponible podemos especular sobre la forma en que se comportaron las unidades compradoras, pero no existe información clara, completa y sistematizada que nos permita conocer con certeza si esas adjudicaciones directas estaban justificadas en términos de la ley, e incluso si las leyes federales son adecuadas para garantizar el uso eficiente de los recursos.
Aunque sabemos que del total de los recursos invertidos por el Gobierno Federal más de 300 mil millones de pesos se adjudicaron a través de una licitación; 146 mil millones de pesos por una adjudicación directa y 55 mil millones de pesos por invitación a cuando menos tres, la información de Compranet no es suficiente para responder a estas y otras preguntas.
Compranet solo incluye información del proceso de licitación y deja fuera la parte presupuestal, de planeación, de ejecución y la de fiscalización del gasto. Lo que Compranet registra es una parte del proceso de contratación, pero no el proceso de contratación completo. Por eso Transparencia Mexicana, junto con el INAI y el Gobierno Federal, trabajamos para establecer un estándar único de información sobre contrataciones. Tomamos como base el estándar internacional de datos para contrataciones y lo ampliamos para cumplir con las obligaciones de la Ley General de Transparencia.
El Estándar de Datos para Contrataciones Abiertas para México (EDCA-MX), presentado el lunes pasado, contempla los datos y documentos de todas las etapas de una contratación, desde la planeación hasta la ejecución. Además permite sistematizar, comparar y evaluar los procesos de contrataciones en nuestro país. A partir del lunes los gobiernos que decidan ampliar la información pública disponible podrán hacerlo a través de un estándar nacional que se comunica con estándares internacionales. Ya no se tratará solo de publicar contratos, se trata de abrir el sistema de contrataciones públicas de un municipio, un Congreso o un gobierno estatal.
Contar con un estándar común para publicar información sobre cómo gasta nuestro gobierno es el primer paso hacia un sistema de compras más confiable y eficaz. Hoy lo tenemos.
El Gobierno Federal ya empezó a subir datos con este estándar. Lo que sigue es que los gobiernos estatales y municipales lo usen. Así podremos disipar las dudas sobre quién gasta bien y quién gasta mal y, de paso, quitarle una de tantas barreras a las Pyme para hacer negocios con el Gobierno.
Carla Crespo y Lucía Petersen, equipo de Contrataciones Abiertas en Transparencia Mexicana
@CarlaaCrespoo / @luciapetersenf
Si desea colaborar con este proyecto envíenos sus datos de contacto a: opinionciudadana@ccic.org.mx
