Crisis fronteriza: ¿quién se está haciendo cargo?

Las imágenes que nos llegaron ayer desde la frontera entre Tijuana y San Diego podrían ser sólo las primeras de un conflicto que tiende a salirse de control y que implica la multiplicación de los episodios de confrontación entre los migrantes centroamericanos y las autoridades estadounidenses.

El Gobierno mexicano tendría que estar severamente preocupado por las repercusiones que tal hecho podría acarrearle a nuestro País en el marco de las relaciones bilaterales con nuestros vecinos del norte.

Porque el discurso de la “posición humanitaria” frente a las caravanas de migrantes que han llegado hasta la frontera con los Estados Unidos, procedentes de Honduras y El Salvador, no es suficiente para justificar la inacción ante el intento de cruce ilegal de la frontera.

El Gobierno de Estados Unidos ha sido muy claro en su posición desde el principio: no permitirá la trasposición ilegal de su frontera y quien desee solicitar asilo o refugio tendrá que hacerlo de conformidad con las reglas impuestas por dicho país para tal trámite.

El presidente Donald Trump ha sido aún más explícito y ha ordenado incluso el uso de la fuerza letal para contener el ingreso ilegal al territorio de su país, advirtiendo que cualquier ataque en contra de oficiales de seguridad estadounidenses será repelido con fuego. Ayer sólo se utilizó gas lacrimógeno y balas de goma, pero la escalada del conflicto podría llevarnos a episodios en los cuales comiencen a utilizarse balas de verdad.

¿Está Estados Unidos en su derecho de rechazar la pretensión de los migrantes centroamericanos de ingreso masivo e informal a su país? ¿Es legítimo incluso el uso de la fuerza para la defensa de su territorio y el resguardo de la línea fronteriza?

Por más que deseemos solidarizarnos con quienes huyen de una situación compleja y desalentadora en sus países de origen, lo cual justifica su intención de migrar, resulta obligado reconocer que, de conformidad con sus leyes internas e incluso con el derecho internacional, el gobierno de Estados Unidos tiene derecho a negar el acceso a los migrantes y a implementar operativos que impliquen el uso de la fuerza para el resguardo de su frontera.

Decir lo anterior no resuelve el problema, desde luego, sino que sólo nos obliga a ver de manera más cruda la realidad y a preguntarnos cómo se atiende un fenómeno que implica tener un creciente número de seres humanos en la frontera de nuestro País dispuestos a arrostrar todos los riesgos con tal de intentar el logro de un objetivo inalcanzable.

Ante tal realidad no puede simplemente voltearse hacia otro lado y pretender que el tiempo resolverá gradualmente el conflicto, sea porque los migrantes “entenderán” que su meta es imposible o sea porque el gobierno de Estados Unidos decida flexibilizar su postura.

Una de estas dos cosas pasará, al final de cuentas. El problema es que en el inter podemos atestiguar una crisis migratoria de proporciones y consecuencias nunca antes vistas. Y el objetivo de las autoridades mexicanas tendría que ser evitar que eso ocurra.