Comisión de San Lázaro elimina obligación de maestros a evaluarse; pasa al pleno

En sesión vespertina, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles -con 18 votos a favor, seis en contra y tres abstenciones- un dictamen de reformas a la Ley General del Servicio Profesional Docente que elimina la obligación de los maestros a evaluarse.

Se elimina “cualquier viso punitivo para obligar a las y los docentes a realizar los procesos de evaluación que contempla este ordenamiento”, informó la presidente de la Comisión, Adela Piña, de Morena.

El dictamen “comparte la preocupación de las y los educadores de México, por la afectación de sus derechos y porque principalmente la Reforma Educativa como fue planteada e implementada no ha dado, a más de cinco años de su expedición, ningún resultado que haya contribuido a elevar la calidad de la enseñanza en el país, sino todo lo contrario”.

Aunque el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, informó el pasado mes de octubre a los diputados que será el quien enviará la iniciativa de reformas que cancelará la reforma educativa, el dictamen argumenta que esta reforma –que aún deberá ser avalada por el pleno de los 500 diputados- es “sólo un primer paso, de los muchos que se tendrán que dar para contar, en materia educativa, con un marco jurídico eficiente, eficaz, legítimo y confiable, acorde a la realidad y necesidades del país y de cada una de sus regiones, a través de la discusión, debate y consenso”.

“Con el dictamen, la Cámara de Diputados desea enviar un mensaje a todo el magisterio nacional, para que tengan certeza de que sus derechos laborales no serán afectados y que se trabajará en torno a la construcción de un nuevo andamiaje jurídico que también garantice el interés superior de la niñez y de la juventud mexicana para acceder a una educación integral”, se señala.

Resalta que “la calidad de la educación no se logrará sólo a partir de un servicio profesional docente, que evalúe sólo a uno de los actores del Sistema Educativo Nacional”.

“Para obtener las condiciones de eficacia y garantizar el interés superior del niño a recibir una educación de calidad, se requiere de una reforma integral, dejando de lado la visión de que las y los docentes son los únicos responsables de la catástrofe educativa que se vive en México, pues se debe reconocer la complejidad del fenómeno educativo y escolar que ocurre en nuestro país”, añade.

La presidenta de la Comisión argumentó que “únicamente se busca quitar a la ley el aspecto punible. No estamos haciendo una abrogación completa, porque el tema será del próximo gobierno”.

“El dictamen es únicamente para quitar lo punible, porque hasta el día 30 de noviembre las autoridades buscan, a través de oficios a los profesores, que se presenten a la evaluación. Esto es un primer pasó, efectivamente, para la intención que tienen las iniciativas más amplias de revertir la Reforma Educativa”, explicó.

Aclaró que con la reforma “no se eliminan los procesos de evaluación, pero sí cualquier viso de punibilidad a partir de lo manifestado por los maestros, quienes solicitan una valoración formativa y no punitiva.

Enfatizó que el dictamen a discusión no es un asunto de conflicto de interés. “Si bien la profesión de varios integrantes es la de profesor, no estamos en ejercicio, tampoco son sujetos a evaluación porque tenemos años de no ejercer en la práctica docente cotidiana”, aclaró Piña.

La diputada priista Cynthia Iliana López Castro, secretaria de la misma Comisión, sostuvo que “la Reforma Educativa no practica una evaluación punitiva” y dijo que “por el contrario, se da a los profesores tres oportunidades para presentarla”.

Calificó a Morena de ser “juez y parte y que el próximo gobierno está en contra de la enseñanza de los niños”.

Por el PAN, la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas estimó “grave que se quiera ir en retroceso” y aclaró que no está en contra de los derechos laborales de los maestros, por el contrario, “los hemos defendido siempre”.

Consideró que el principal objetivo de la Comisión es el interés superior de los niños y jóvenes, por lo tanto, “me parece muy preocupante que queramos ir en retroceso y en perjuicio de ellos”.