¿Ciudadanos participativos, activos e inteligentes?
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En aras de la construcción del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y la conformación del Comité de Participación Ciudadana (CPC), a través de postulaciones ciudadanas que serán evaluadas por la comisión de selección, se ha fomentado la discusión de la participación ciudadana como clave fundamental para la transparencia, democracia y construcción de ciudadanía en nuestro País. Sin embargo, la mayoría no conocemos en que consiste el promover la formación de un ciudadano participativo, activo e inteligente.
Es necesario entonces definir la palabra ciudadanía, la que representa un reto por sí solo, ya que las diferentes corrientes filosóficas le pueden otorgar visiones minimalistas, estrictamente legales e inclusive liberales, las cuales están basadas en los derechos humanos pero se limitan a los derechos políticos otorgados por su nacionalidad. En cambio, las corrientes contemporáneas la definen a grosso modo como el derecho a tener derechos.
En el año 2006, fue publicado por el Consejo Europeo “Measuring Active Citizenship”, el cual define la ciudadanía activa como un medio para empoderar a los ciudadanos con el fin que tuvieran voz dentro de sus comunidades, un sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que viven, la valoración por la democracia y el entendimiento de las diferencias de otras culturas.
Basado en esto, el Instituto Nacional Electoral (INE), publicó en 2014 el “Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México”, en el cual consideran que el acceso al estado de derecho y justicia por parte de los mexicanos es indispensable para lograr el ejercicio de la ciudadanía, ya que el respeto y cumplimiento de la ley proporcionan las condiciones optimas para desarrollarla. Con ese fundamento, entonces, podemos decir que el garantizar el acceso a la justicia reparativa y garantizar el desarrollo integral del mexicano en un ambiente seguro es fundamental para generarla.
Según datos, a nivel nacional presentados por dicho informe, uno de cada cuatro ciudadanos ha sido víctima de la delincuencia, y el 61 por ciento de los mexicanos que fue víctima de un delito, no presentó denuncia alguna porque el 63% consideró que no sirve de nada interponerla.
La falta de confianza en nuestras instituciones se hace tangible cuando el 54% de las personas que acudieron ante el Ministerio Público, consideró que no les sirvió de nada.
Aunado a esto, si utilizamos los mismos datos analizados por el INE en la elaboración de dicho informe pero actualizados al 2016 y focalizados a Coahuila, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2016 (ENVIPE), publicada por el Inegi, en la cual se evalúa información de 2015, el 21.5% de los coahuilenses mayores de 18 años, ha sido víctima de algún delito.
Estos datos por sí solos, son suficientes para revelar que la ciudadanía en México, no cuenta con las características mínimas necesarias para que se pueda desarrollar de manera efectiva.
La ciudadanía participativa, activa e inteligente, no debe estar entonces limitada a la participación de unos cuantos en temas de transparencia y rendición de cuentas, debe de incluir entre otras cosas la participación para incidir en temas de seguridad pública, acceso a la justicia, no discriminación, acceso a la vida política, sociedad civil, vida comunitaria y educación cívica.
Es por eso que la colaboración de la sociedad civil con el Gobierno, debe de ser tarea prioritaria para que juntos promuevan la participación ciudadana, a través de programas que permitan el empoderamiento de los demás ciudadanos.
Juan Manuel Pérez Cuéllar
Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila AC
@CCICoah
@juanmanuelpc