A ciegas con el fracking en Coahuila

Por separado, la primera semana de agosto Rogelio Montemayor y Miguel Riquelme, ex Gobernador y Gobernador de Coahuila respectivamente, pusieron el grito en el cielo anticipándose a una eventual cancelación del contrato entre Petróleos Mexicanos y Lewis Energy para explorar Gas Shale en el Estado mediante la técnica de fractura hidráulica (fracking). Ambos, uno tras otro, justificaron la continuidad del negocio en el alto costo económico (¿para quién?, es la pregunta) de anularlo.

Lo anterior luego de que Andrés Manuel López Obrador sugiriera prohibir el referido método extractivo desde un punto de vista más importante y de interés general: el ecológico.

Por lo demás, nada nuevo bajo el sol. Desde la campaña electoral de 2017, el hoy mandatario coahuilense propuso (como “Eje 3”) entregar el monopolio del tema energético al ex director de Pemex, quien al estar impedido legalmente para figurar como funcionario, pues se haya inhabilitado para ejercer el servicio público hasta 2025 por “violación a las leyes y normatividad presupuestal”, utiliza la figura jurídica de una asociación civil denominada “Clúster Energía Coahuila, A.C” (antes Clúster Minero-Petrolero) para intervenir en el tema.

El objetivo, pues, ha sido el mismo todo el tiempo: seguir la línea que trazó Rubén Moreira el sexenio anterior.

Justo es decirlo: esa coartada que preside Montemayor y representa intereses privados ha recibido recursos públicos del Gobierno del Estado que suman 67 millones 410 mil 677 pesos de 2015 a julio de 2018, mismos que representan el 66 por ciento de sus ingresos.

¿Quién fiscaliza ese dinero? ¿En qué bolsillos cae?

Ahora bien, la historia con Lewis Energy no es nueva. Desde 2004 la empresa texana se aposentó en la entidad para extraer gas “no asociado” en el Bloque Olmos, un terreno estratégico pues territorialmente sirve como punto de unión entre Texas, Nuevo León y Tamaulipas.

Y aquí viene lo interesante: el 17 de octubre de 2017 el Consejo de Administración de Pemex aprobó renegociar el contrato original, identificado con el folio 414104806; entonces pasó de ser “obra pública financiada” a “servicios integrales de exploración y extracción”. De tal forma durará del 20 de febrero de 2004 al 19 de febrero de 2019, con una inversión de 3 mil 800 millones 197 mil 768 pesos.

Sin embargo el documento deliberadamente oculta cuatro páginas importantes pues en febrero de 2018 se clasificó reservada por tres años (hasta 2021) información “sensible” sobre “hechos y acciones del ámbito comercial, económico, presupuestal, contable y jurídico que solo competen a Pemex y a sus empresas productivas subsidiarias, sujeta a un proceso deliberativo interno”, como consta en el acuerdo CAEPS-PEP-051/2017.

Sin ello es imposible saber a ciencia cierta qué ha pasado con las “obras relacionadas con el desarrollo, infraestructura y mantenimiento de campos de gas no asociado en la Cuenca de Burgos, bloque Olmos” durante los últimos 15 años.

CORTITA Y AL PIE

Pese a la opacidad, nuevamente Lewis Energy fue favorecido para seguir explotando la misma zona (Hidalgo, Coahuila), ahora de forma no convencional en un yacimiento de hidrocarburos.

Del asunto sólo consta un boletín de prensa con datos escuetos como la cifra de inversión (617 millones de dólares) y la estimación de reservas a extraer. No hay advertencias pese a que se trataría del primer experimento en su ramo, a iniciar operaciones en septiembre. Por si fuera poco el secreto industrial y comercial no permite conocer algunas de las sustancias químicas a utilizar.

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS

Y así vamos con el fracking: a ciegas. A falta de elementos técnicos y objetivos que respalden su aplicación, queda sólo confiar en la palabra (o calidad moral, si usted lo prefiere) de un Gobernador que llegó al cargo por fraude electoral, y de un ex Gobernador inhabilitado 20 años por la Secretaría de la Función Pública para ejercer el servicio público.

Una chulada.

@luiscarlosplata