Auditoría a organismo de Chihuahua revela graves irregularidades en el manejo de los recursos

El diario La Opción, de Chihuahua, da a conocer los resultados de una auditoría realizada al Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) en su ejercicio del 2015, mismo que sacó a la luz el derroche de dinero repartido entre empresarios chihuahuenses 

La auditoría reveló graves violaciones a la ley, respecto de la operación de este fideicomiso, así como en la aprobación de proyectos y asignación de recursos, en el cual cientos de millones de pesos fueron repartidos entre empresarios chihuahuenses, todo esto enmarcado en la ola de la violencia que azota ese Estado.

El entonces gobierno de César Duarte buscaba llevar de su lado a la clase empresarial,  por lo que el Estado creó, mediante el decreto 812/2012 VI P.E. de 06 de agosto de 2012, el citado fideicomiso, cuyo objetivo era constituirse en un instrumento financiero para la realización de programas y acciones encaminadas a apoyar la seguridad pública y la participación social ciudadana. 

En el mismo decreto, fue establecido que, para la consecución de sus fines, ficosec recibiría recursos por el pago de una sobretasa del 5 por ciento, aplicada al impuesto sobre nómina, por lo cual, en el presupuesto de egresos del 20 de diciembre de 2014, fue incluida la partida presupuestaria E684 62684, por concepto de contribución extraordinaria de ingresos, destinados a un fin específico, la seguridad, por el importe de 106 millones de pesos. 

Sin embargo, en ese 2015, el año auditado, fueron ejercidos casi 200 millones de pesos. Los miembros del comité técnico, reconocidos y enriquecidos empresarios del estado, todos de ilustres apellidos, de los que asisten a misa los domingos, se bolean los zapatos en la plaza, se persignan y, en muchos casos, ocupan hoy relevantes cargos en el gobierno del estado, o en las presidencias municipales, vieron el inmenso botín y, de inmediato, crearon asociaciones civiles y contrataron asociaciones fideicomisarias, con sus propios nombres, sin siquiera usar fantasmas, para transferir, como arroyos de dinero, el producto de esa sobretasa del 5 por ciento, al ISN, -pagada por ellos mismos, habrán considerado, pues se trata de un impuesto netamente empresarial, que se paga por cada peso que se paga a la planta de empleados- con el cual nació, creció y se sostiene, aunque con múltiples malformaciones, desecho el espíritu y destrozado su objeto, el famoso fideicomiso para la competitividad y la seguridad ciudadana.

Según el reportero Luis Rubén Salvador Trujillo, en la auditoría practicada al organismo, los empresarios constituyeron nueve asociaciones civiles, por las cuales resbalaban, en una incontrolable danza, los millones de pesos, sin usar el órgano de gobierno de ficosec, a pesar de ser ellos mismos miembros del consejo técnico y, por esta sola razón, estar impedidos para ello, en los términos de los artículos 2, 22 y 23 fracción XIII de la ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado de Chihuahua.

Este artículo, señala que todo servidor público -y ellos lo eran, y lo son, en tanto son miembros de un fideicomiso equiparable a una entidad paraestatal- debe salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que debe observar en el desempeño de su función, y excusarse de intervenir en cualquier forma, en asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios. Sin embargo, voraces y ambiciosos, como lo son, constituyeron asociaciones civiles para derramar sobre ellas el dinero de ficosec, sin saber nada de seguridad, e intervinieron como miembros del consejo técnico en la aprobación de proyectos y asignación de recursos, en beneficio de las personas morales fundadas por ellos mismos.

Los empresarios que incurrieron en esta gravísima irregularidad, y que fueron detectados en la auditoría 2015 de ficosec, realizada por el entonces auditor superior del estado, Jesús Esparza, hoy encarcelado por el régimen corralista, son Luis Lara Armendáriz, Sergio Ochoa Muñoz, Luis Octavio Muñoz Corral, Cuauhtémoc García Hernández, Gabriel Gerardo Ortiz Hernán y Samperio, Gabriel Cantú Murguía, Jorge Contreras Fornelli, Alejandra Catarina de la Vega Arizpe, Luis Mario Dena Torres y Marco Antonio Parson, todos miembros del comité técnico, aunque, cabe destacar, Tito Lara, en su carácter de presidente y, los demás, como vocales. 

Las nueve asociaciones civiles constituídas, en los distritos judiciales Bravos (Juárez) y Abraham González (Chihuahua), son, a la vez, los empresarios miembros del comité técnico del ficiomiso, se enlistan enseguida: 

1.- Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia de Chihuahua (Gabriel Gerardo Ortiz Hernán y Samperio) (05 de junio de 2012)

2.- Instituto de Formación Integral de Chihuahua (Luis Lara Armendáriz y Gabriel Gerardo Ortiz Hernán y Samperio) (05 de marzo de 2014)

3.- Fundación Ficosec AC (Luis Lara Armendáriz y Gabriel Gerardo Ortiz Hernán y Samperio) (13 de abril de 2015)

4.- Observatorio Ciudadano de Seguridad Centro Sur AC (Cuauhtémoc García Hernández) (23 de octubre de 2013)

5.- Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez (Gabriel Cantú Murguía, Jorge Contreras Fornelli, Alejandra Catarina de la Vega Arizpe, Luis Mario Dena Torres y Marco Antonio Parson Parra)(22 de octubre de 2013)

6.- Observatorio Ciudadano de Seguridad para Nuevo Casas Grandes (Marco Antonio Parson Parra) (29 de noviembre de 2013)

7.- Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua AC (Sergio Ochoa Muñoz, Luis Lara Armendáriz y Gabriel Ortiz Hernán y Samperio)

8.- Desarrollo Económico de Ciudad Juárez (Alejandra Catarina de la Vega Arizpe y Luis Octavio Muñoz Corral)

9.- Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia en Chihuahua AC (Gabriel Gerardo Ortiz y Samperio) (30 de agosto de 2013)

Por estas asociaciones, bajaban el recurso que, la secretaría de hacienda, del gobierno del estado, presupuestaba para ficosec. Los mismos empresarios que recibían el dinero, aprobaban sus proyectos, si es verdad que los hubiera, y ejercían el presupuesto, en un círculo cerrado, en contravención con las reglas legales, éticas y morales, a que debieran sujetarse en su actuación.

En la Observación III.2.5 que hizo la auditoria superior del estado, señaló que el comité técnico de ficosec, es decir, los amigos de Luis Lara Armendáriz y Alejandra Catarina de la Vega, no cumplió con el requisito de mediar una convocatoria o fomento a la participación ciudadana, de acuerdo con el objeto y fin del fideicomiso, durante el ejercicio auditado, pues se detectó que se aprobaron proyectos y fueron asignados recursos sin cumplir la formalidad indicada.

En la primera sesión efectuada el 15 de febrero del 2015, fueron aprobados, sin convocatoria, 24 proyectos, por un monto de 142 millones de pesos, a las asociaciones civiles fundadas por los miembros del comité técnico, bajo la vaga y difusa denominación de Operación 2015, Administración y Operación de Proyectos, Extensión, Administración y Operación de Proyectos, Ampliación 2015, Corredor por La Paz, Reinserción Social, Adelante Juárez o Cura la Violencia.

Así, por el estilo, llevaron a cabo cinco sesiones en el año, sin convocatoria ciudadana para los proyectos; en la segunda sesión, aprobaron el ejercicio de 5.3 mdp; en la tercera, 33.3 mdp; en la cuarta 6.9 mdp y, en la quinta y última, 44.3 mdp, de acuerdo con el informe técnico de resultados de la auditoría superior del estado. 

Igualmente, en la revisión de legalidad, se descubrió que el Ficosec no contaba con un órgano de control y evaluación, y que su administración se ocultaba a través de las asociaciones beneficiadas, a pesar de contar con un órgano de gobierno y tener una estructura básica, compuesta por subdirectores y coordinadores de zona.

Tampoco hicieron el estatuto orgánico, no diseñaron su programa institucional, ni los programas operativos anuales, no planeaban, presupuestaban ni programaban sus recursos, acciones y proyectos, a pesar de contar con un monto inicial de 106 millones de pesos, e, incluso, no designaron un representante legal, y según Luis Lara, en 2015, no tenían plantilla de colaboradores, y la administración de los recursos los efectuaban a través de desarrollo económico de Chihuahua, y, aparte, el fideicomiso delegó facultades para implementar políticas, reglas de operación y demás criterios, para la aplicación de recursos, cuestión no aceptable, al igual que retener indebidamente, del patrimonio fideicomitido, 232 mil pesos, por concepto de impuesto sobre la renta, cuando los fideicomisos empresariales no son causantes del mencionado impuesto. 

En la Observación III.2.4, el fideicomiso entregó 14.5 millones de pesos a una asociación que aún no había sido constituía legalmente en la fecha de aprobación, pues fue creada el 13 de abril de 2015 y el acta constitutiva fue registrada en el registro público de la propiedad el el 06 de mayo de 2015, más, sin embargo, se le asignaron los recursos el 15 de febrero del mismo año, es decir, dos meses antes de siquiera existir jurídicamente.

A pesar de todas estas irregularidades, la comisión de fiscalización, que presidía entonces el diputado Jorge Soto, hoy legislador relecto, elaboró un dictamen sobre la cuenta pública de Ficosec, en el 2015, favorable al fideicomiso, con el evidente interés de salvar a sus honorables miembros de la responsabilidad en el turbio manejo del dinero ciudadano, bajo el absurdo argumento de que no existió daño al patrimonio del organismo.

(Tomado de La Opción de Chihuahua)