43% de empresas en México son víctimas de delitos: Coparmex
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De acuerdo con la Coparmex, las reformas estructurales aprobadas al inicio de la administración no pueden inducir en el desarrollo de México si no se fortalece el “frágil” Estado de Derecho, especialmente en estados y municipios, donde el 60 por ciento de la población considera que la corrupción gubernamental es un fenómeno generalizado.
Ciudad de México.– Fortalecer el Estado de Derecho para erradicar la corrupción, inseguridad e impunidad, es la reforma pendiente que dejará el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, aseguró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
De acuerdo con el organismo patronal, las reformas estructurales aprobadas al inicio de la administración no pueden inducir en el desarrollo de México si no se fortalece el “frágil” Estado de Derecho, especialmente en estados y municipios, donde el 60 por ciento de la población considera que la corrupción gubernamental es un fenómeno generalizado.
“La ausencia de credibilidad en las instituciones en México, tiene un efecto determinante en los bajos niveles de productividad y crecimiento económico, y detona un desencanto con la democracia como medio eficaz para ordenar la convivencia social”, destacó la Coparmex en un comunicado.
Para los empresarios de México, los temas de atención prioritaria para fortalecer el Estado de Derecho son: la erradicación de la corrupción, la mejoría en la seguridad pública, personal y patrimonial, y, el combate a la impunidad.
México ocupa el último lugar en combate a la corrupción entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y empeoró en el índice de Percepción de la Corrupción. De los 180 países evaluados, México ocupa el penoso lugar 135.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las motivaciones para incurrir en actos de corrupción están mayoritariamente asociadas a agilizar trámites, evitar multas y obtener licencias o permisos. Esto cuesta al sector empresarial poco más de 1,600 millones de pesos anuales, un promedio por empresa de más de 12 mil pesos.
La Coparmex detalló que el costo de la corrupción es aún mayor si consideramos que estos actos inhiben la inversión en el país, como se afirma en el Reporte de Competitividad Global publicado por el Foro Económico Mundial, donde determinan que la corrupción es el factor más problemático para hacer negocios en México.
“Vivimos en un país donde el 50 por ciento de los encuestados reporta haber tenido que pagar algún soborno a algún servidor público, siendo éste el mayor porcentaje en América Latina”, detalló el comunicado.
La Coparmex demandó al Senado de la República se nombre el Fiscal Anticorrupción y a los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que juzgarán las faltas graves en materia de corrupción.
También consideró necesaria despejar las dudas sobre cualquier concertación política tendiente a atenuar la profundidad de las acciones del Auditor Superior de la Federación, recién designado por la Cámara de Diputados.
REDUCIR NIVELES DE CORRUPCIÓN
El 43 por ciento de las empresas instaladas en México han denunciado haber sido víctimas de la inseguridad, y de acuerdo a encuestas de victimización y violencia, hay una tasa de casi 29 mil delitos por cada 100 mil habitantes, y en el ámbito productivo.
Para la Coparmex, los cambios al sistema de justicia penal y a leyes secundarias asociadas, no podrán ser eficaces, a menos que se garanticen políticas públicas coherentes que garantice su adecuada implantación.
“Hemos sostenido la necesidad que se apruebe una reforma a la Ley General de Seguridad Pública, que después de un difícil proceso de consenso en el Senado de la República, fue desechada inexplicable de forma íntegra por la Cámara de Diputados”, mencionó.
El sector patronal pidió regular el modelo policial de México, el desarrollo, la formación y la certificación las fuerzas policiales civiles,así como la naturaleza del mando.
También consideró necesaria la expedición de una Ley General de Seguridad Privada que homologue los requerimientos estatales para obtener los permisos, brindando con ello certeza jurídica tanto a proveedores como a contratantes del servicio.
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