161 defensores de derechos fueron asesinados durante sexenio de Peña Nieto
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Guerrero y Oaxaca, entre las entidades más peligrosas
El sexenio de Enrique Peña Nieto cerró como el más peligroso para los defensores de derechos humanos. De diciembre de 2012 a noviembre de 2018 fueron asesinados 161 activistas en el país, sobre todo indígenas.
Así lo revela el informe Desde la memoria… la esperanza, elaborado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), conformada por 87 agrupaciones de 23 entidades del país.
El documento refiere que de los 161 casos de homocidios de defensores de derechos humanos en este periodo, 142 eran hombres, 16 mujeres y tres personas transgénero.
Fueron cuatro las entidades más peligrosas para los activistas y promotores de los derechos humanos, al concentrar 67 por ciento de los asesinatos. Se trata del estado de Guerrero, con 44 homicidios de defensores (28 por ciento); Oaxaca, con 32 casos (20 por ciento); Chihuahua, con 18 (11 por ciento), y Chiapas, con 13 (8 por ciento). Cuatro entidades más tuvieron siete casos cada una: Veracruz, Michoacán, estado de México y Ciudad de México.
Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red TDT, aseveró que el sexenio de Peña Nieto representó una estela de muerte para defensores y periodistas. Sobre los comunicadores, destacó en particular dos casos: los corresponsales de La Jornada en Chihuahua y Sinaloa, Miroslava Breach y Javier Valdez, asesinados el 23 de marzo y 15 de mayo de 2017, respectivamente.
En su labor, como la de muchos periodistas, impulsaban una agenda de derechos humanos, con su trabajo buscaban que se garantizaran los derechos fundamentales de la sociedad, señaló.
Los datos del reporte indican que 2017 fue el año más violento del sexenio pasado para los defensores de derechos humanos, con un registro de 38 asesinatos; en 2013 se dieron 21, 20 en 2014, 13 en 2015, 35 en 2016 y hasta noviembre de 2018 hubo 34 homicidios.
Del total de activistas asesinados, 63 (40 por ciento) eran defensores comunitarios –y de ellos, 36 eran indígenas–, 38 formaban parte de alguna organización social, 32 eran promotores sociales y ocho se desempeñaban en tareas de comunicación.
En el informe, activistas de varias entidades del país exponen las dificultades y riesgos a los que se enfrentan ellos, sus compañeros y organizaciones por ejercer la defensa de los derechos humanos: homicidios, hostigamiento, amenazas, persecuciones, agresiones, allanamientos, procesos penales y detenciones arbitrarias, entre otros.
