Aprueban en Oklahoma otra ley antimigrantes; crea el delito ‘ocupación inadmisible’
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Establecen multas de 500 a mil dólares y penas de cárcel de 1 a 2 años en el estado; los culpables serán expulsados del estado en 72 horas
Generando una fuerte controversia con el Gobierno mexicano por su enfoque restrictivo contra la migración, el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, firmó este miércoles la ley HB 4156, la cual tiene por objetivo penalizar a personas que se hallen de manera ilegal en el estado, aplicándoles multas y hasta penas de cárcel.
La nueva ley HB 4156, propuesta por el senador Greg Treat y el presidente de la Cámara, Charles McCall, considera a la primera infracción como un delito menor, con posibles penas de hasta un año de cárcel en el condado, una multa de 500 dólares, o ambas.
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La segunda infracción sería considerada un delito grave, con penas de hasta dos años de cárcel en el condado, una multa de mil dólares, o ambas. Además, aquellos declarados culpables de “ocupación inadmisible” tendrán 72 horas para abandonar Oklahoma, según lo establecido por la ley.
La ley HB 4156 define la “ocupación inadmisible” como la permanencia intencional de una persona en Oklahoma sin autorización legal para estar en Estados Unidos. Esta medida ha sido ampliamente criticada por grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes y organizaciones como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Oklahoma, quienes argumentan que la ley separará familias, disminuirá la confianza en las fuerzas del orden y aumentará la discriminación racial.
La aprobación de esta ley ha desencadenado protestas tanto en las calles como en el ámbito legislativo. Manifestantes se congregaron frente al Capitolio del Estado de Oklahoma para expresar su rechazo a la HB 4156, instando al gobernador Stitt a vetarla. Estudiantes de secundaria también organizaron huelgas en varias escuelas metropolitanas de Oklahoma para protestar contra esta medida.
La canciller Alicia Bárcena expresó el rechazo de México sobre la ley, instruyendo al consulado mexicano en Oklahoma “para actuar en defensa y protección de nuestra comunidad mexicana”.
El presidente de la Cámara, Charles McCall, defendió la ley argumentando que aquellos que deseen trabajar en el país de manera legal son bienvenidos en Oklahoma. Por su parte, el senador Greg Treat afirmó que la HB 4156 protegerá a los inmigrantes legales y proporcionará a las fuerzas del orden las herramientas necesarias para combatir actividades ilegales.
Esta ley en Oklahoma se suma a iniciativas similares en otros estados, como Texas, que aprobó una legislación parecida en 2017.
Con esto, cada vez más estados gobernados por republicanos, aunque no estén cerca de la frontera con México, están tomando medidas para darle más poderes a la policía local para regular la inmigración y para imponer sanciones penales a las personas que viven en Estados Unidos sin autorización, mientras el tema de los migrantes que cruzan la frontera sur del país sigue siendo una cuestión central para las elecciones de 2024.
Los legisladores de Oklahoma siguieron el ejemplo de Texas, donde el gobernador Greg Abbott promulgó un proyecto de ley el año pasado que le permitiría al estado arrestar y deportar a las personas que ingresen a Estados Unidos de manera ilegal. Esa ley actualmente está suspendida mientras el Tribunal de Apelaciones del 5to Circuito sopesa una impugnación presentada por el Departamento de Justicia federal.
Los opositores dicen que la ley es el intento más drástico de un estado por controlar la inmigración desde una ley de Arizona creada hace más de una década, de la cual la Corte Suprema federal anuló algunas partes.
CUNDE EL EJEMPLO
El gobernador de Tennessee, Bill Lee, promulgó una ley que requiere a las agencias policiales ponerse en contacto con las autoridades federales de inmigración si hallan a personas que están en el país sin permiso, y las obliga a cooperar en el proceso de identificarlas, detenerlas y deportarlas. Ese proyecto de ley entra en vigor el 1 de julio. Otra propuesta en el estado permitiría aumentar las sentencias de prisión hasta cadena perpetua para quienes se encuentren en Estados Unidos ilegalmente y cometan un delito violento.
En Iowa, la gobernadora republicana Kim Reynolds promulgó hace unas semanas un proyecto de ley que tiene partes similares a la ley de Texas. Otro proyecto de ley similar al de Texas está avanzando en Luisiana. Y los legisladores de Idaho examinaban una iniciativa parecida, pero concluyeron su periodo de sesiones sin una aprobación.
Los legisladores de Georgia aprobaron un proyecto de ley que busca obligar a las autoridades penitenciarias a verificar el estatus migratorio de los reclusos, parte de una respuesta política al asesinato de una estudiante de enfermería en el campus de la Universidad de Georgia, presuntamente cometido por un venezolano.
El mes pasado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó una ley con el fin de aumentar las sentencias de prisión para los migrantes que están en Estados Unidos sin autorización si son declarados culpables de delitos graves o por conducir sin licencia.
Con información de AP
