Tapando y destapando

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• 11 agosto 2011

• Coahuila no sabe a cuánto asciende su deuda pública. Hacienda dice que debemos 32 mil millones de pesos. El titular del SATEC reconoce 22 mil. Las calificadoras Fitch y Standard and Poors prendieron los focos rojos hace meses, estimando la deuda pública del Estado en 14 mil millones de pesos y cuestionando la opacidad de su manejo. El Presidente del Congreso, aquel órgano encargado de autorizar el presupuesto y vigilar las cuentas, conoce solamente de 8 mil, mientras que los diputados panistas denunciaron que créditos por al menos 3 mil millones adicionales fueron contratados por el Gobierno con documentos falsos.
  Mientras tanto el Gobernador interino, que antes fue Tesorero, no ha validado una cifra específica. En sus declaraciones se ha limitado a explicar que el monto del endeudamiento es “correctamente manejable”. Quizá así sea, pero no podemos estar seguros porque nadie ha clarificado con exactitud y contundencia cuánto debe Coahuila. Por lo pronto, lo único que sabemos es que debemos mucho y que nunca habíamos debido tanto.
  Los efectos se perciben cada vez con mayor fuerza. Hay proveedores que no han logrado cobrar sus servicios al Gobierno. Los bancos están nerviosos. Existen rumores crecientes de recortes en la nómina gubernamental. Los programas estrella del Gobierno en turno están siendo acotados o condicionados —como sucedió con el programa de los “Uniformes de la Gente”—, o de plano cancelados, como pasó con las “Tarjetas del Hogar”. Y algunos otros compromisos quedan en el aire, como la entrega de las 100 mil computadoras personales que el entonces Gobernador Moreira prometió —sin nunca cumplirles— a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila y a los profesores del SNTE.
  Dado el manejo atípico de la contabilidad gubernamental en este sexenio, transformar al “Gobierno de la Gente” en el “Gobierno del Orden” será una tarea complicada y dolorosa. De no ser por la identidad partidista  pero sobre todo por la cercanía filial que une a Rubén con Humberto la entrega sería políticamente sangrienta. ¿Quién en su sano juicio recibiría la Secretaría de Finanzas sin chistar? ¿Cuántos asuntos, cuántos problemas, que seguramente rayarán en la línea de lo que no es ético y no es legal tendrán que resolverse lejos de la luz pública para no afectar el legado de quienes entregan?
  Hace apenas seis años, la entrega de las finanzas gubernamentales detonó un importante debate público. El entonces Gobernador Enrique Martínez presumió haber dejado la casa en orden, y con deuda cero. No pasaron muchos días después del cambio de administración para que el Moreirismo disputara esos números. El encabezado a ocho columnas del Periódico VANGUARDIA el día 13 de diciembre de 2005 fue implacable: “Destapan deuda de EMM”. La nota describe cómo Jorge Torres, recién designado por Humberto Moreira como Tesorero, presentó un informe al Congreso en el que desmentía la existencia de la “deuda cero”. Resulta que al llegar encontró 523 millones de pesos pendientes de pago a proveedores.  ¡Qué barbaridad!
  ¿Qué habría dicho Jorge Torres en el 2005 si al recibir su oficina hubiese encontrado adeudos por 32 mil millones de pesos en lugar de cuentas por pagar por sólo 523 mdp? ¿Habría dicho, como dice ahora, que tal nivel de deuda es “correctamente manejable”? ¿Y por qué ahora que es Gobernador no instruye a su Tesorero acudir al Congreso a presentar un informe similar al que el mismo presentó en el 2005?
  Si el Gobernador interino estuviese comprometido con la transparencia y con la rendición de cuentas podría hacerlo, pues existen argumentos para defender el endeudamiento del sexenio que termina. Podría dar un número concreto y detallar qué obras se hicieron con los recursos, cuál será la afectación al margen de acción del próximo Gobierno y que providencias “correctas” se están tomando para “manejar” el adeudo.
  Al no hacerlo, el Gobernador está permitiendo que crezca la suspicacia. Si no da un número, creeremos que los 32 mil millones es la cifra correcta y si no detalla puntualmente el destino de los recursos, nos obliga a hacer cálculos de servilleta en los que el Gobierno no queda bien parado. Por ejemplo los puentes en Saltillo, incluyendo el Megadistribuidor Vial, representan una inversión total aproximada de 4 mil millones de pesos. Asumiendo que cada una de las cinco regiones del estado tuvieron una inyección de obras similar, ¿dónde quedó el resto?
  Jorge Torres pasó en seis años de ser el funcionario que “destapó la deuda de Enrique Martínez” a ser quien “tapó la deuda de Humberto Moreira”. Supongo que alguien deberá premiarle su lealtad. Ojalá no lo castiguen regresándolo a Finanzas.
  
  Twitter: @oneflores