Solalinde intervendrá en conflicto triqui

Oaxaca, Oaxaca. El próximo 4 de febrero, la asamblea comunitaria de la agencia municipal de San Juan Copala analizará la propuesta del gobierno del estado, que consiste en que 25 familias triquis, beneficiadas de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), regresen a sus comunidades de origen.

A esta reunión asistirá en calidad de observador, al igual que representantes de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, el presbítero Alejandro Solalinde Guerra, director del albergue para migrantes "Hermanos en el Camino", ubicado en Ciudad Ixtepec, y coordinador de Pastoral de Movilidad Humana del Episcopado Mexicano.

La CIDH emitió medidas cautelares a favor de 135 personas que tuvieron que salir de San Juan Copala y otras comunidades de la región Triqui Baja, debido al clima de violencia que se generó en la zona por disputas políticas entre el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), al que pertenecen los beneficiarios de las medidas cautelares, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).

Luego de una reunión celebrada entre representantes de las familias desplazadas, encabezadas por Reina Martínez Flores y Marco Albino Ortiz, las autoridades municipales de San Juan Copala, representadas por el agente municipal Julio Martínez Ramírez y funcionarios del gobierno estatal, se suscribió un acuerdo para avanzar en el proceso de retorno de los beneficiarios de las medidas cautelares.

Este documento tiene la finalidad de que se vaya consensando el ingreso de los demás beneficiarios, para lo cual, una comisión de diez personas beneficiarias de la medidas cautelares harán presencia en la asamblea comunitaria, acompañadas del presbítero Alejandro Solalinde Guerra y representantes de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

También estarán presentes funcionarios de los gobiernos estatal y federal y se solicitará la presencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Este sábado 4 de febrero también se llevará a cabo la verificación de las casas de las familias que retornarán a su comunidad de origen.

El acuerdo también fue suscrito por el secretario General de Gobierno, Jesús Martínez Alvarez; el Subdirector de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Saúl Bolaños Bolaños; la Comisionada para la Atención de los Derechos Humanos, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, y el Coordinador General de Asesores, Víctor Raúl Martínez Vásquez, entre otros funcionarios.

Por parte de los representantes de las familias desplazadas firmaron el documento los beneficiarios Reyna Martínez Flores, Marcos Albino Ortíz, Ramiro Martínez Caballero, Carolina López, Lorena Merino Martínez, Telma Merino Martínez, Marcelina de Jesús López, Rosaría Ramírez Guzmán y Domingo de Jesús Martínez.

Según un comunicado del gobierno estatal, este es el tercer documento que se firma en una semana, en el marco del Acuerdo de Paz y Concordia en la Zona Triqui, suscrito el pasado 25 de enero, a fin de dar seguimiento e implementación de las medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en beneficio de los peticionarios desplazados.

Luego de la firma de ese acuerdo, el día 26 de enero un grupo de las familias desplazadas partió a San Juan Copala, pero durante esa noche y el día siguiente, fueron retenidos por contingentes policiales para evitar que llegaran a San Juan Copala, donde, de acuerdo al gobierno del estado y las autoridades municipales, aún no existen condiciones para que los desplazados regresen.

El domingo 29 de enero se suspendió la asamblea comunitaria de San Juan Copala durante la cual se tomarían acuerdos sobre el regreso de los desplazados, luego de que las autoridades municipales no se pusieron de acuerdo con los representantes de los desplazados, quien insistieron en que una comisión de 20 personas, incluidas personas extrañas al pueblo triqui, participaran en la asamblea.

A pesar de la negativa del gobierno estatal, los desplazados y activistas de organizaciones políticas que los acompañan llegaron hasta la comunidad de La Sabana, a unos tres kilómetros antes de llegar a San Juan Copala, donde la policía les obstaculizó el paso y detuvo a David Reyes Venegas, por instigar a las familias a que llegaran hasta San Juan, poniendo en riesgo su vida, de acuerdo a lo declarado por el gobernador Gabino Cué Monteagudo.

El día lunes 30 de enero, Reyes Venegas fue liberado por la Procuraduría General de Justicia del Estado, sin cargo alguno, lo que permitió que las partes volvieran a negociar.