Se extiende la privatización del agua en todo el país: Campero

México, DF. La privatización del agua se extiende en el país mediante al menos cinco rubros que van desde los servicios municipales de agua potable y la edificación de plantas de tratamiento de residuales hasta la expansiva construcción de presas, indica Claudia Campero, investigadora de Food and Water Watch Blue Planet Project.

Detalla que la línea de ceder al sector privado la extracción, distribución y cobro del líquido potable va en retroceso en el mundo, debido a las malas experiencias que ha dejado a las empresas en países como Bolivia y Argentina; sin embargo, en la ciudad de México, donde los cobros del servicio desde hace años los hacen empresas privadas, se impulsa esta política.

La venta de agua embotellada es otro camino de privatización y, de acuerdo con datos del organismo internacional Beverage Marketing Corporation, hasta 2010 México ocupaba el primer lugar a escala mundial, con un consumo per cápita anual de 234 litros, 20 por ciento más que los italianos, quienes se situaban en segundo lugar, con 191 litros.

Campero indica que hay otras formas menos evidentes de la apropiación de particulares del líquido, pero igual de graves, como la contaminación, ya que en los hechos ese recurso no lo puede usar nadie más, al menos para uso domiciliario, y afecta a las comunidades que viven alrededor de los cuerpos de agua contaminados.

En este caso se "convierte en un gran negocio descontaminar y crecen los proyectos de plantas tratadoras de aguas residuales, política que impulsa la Comisión Nacional del Agua (Conagua)".

Por ejemplo, está en construcción "la planta de tratamiento de aguas residuales más grande del país", según la Conagua, planeada en el municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, con capacidad para tratar 23 metros cúbicos por segundo durante el estiaje y en época de lluvias 12 metros cúbicos por segundo adicionales.

La analista sostiene en entrevista que el formato que se impulsa en los diferentes proyectos de esas plantas es de contrato, operación y transferencia, modalidad que denominan participación pública-privada.

Asimismo, destaca que el erario pierde, "porque los particulares construyen, ganan de la venta del agua tratada y transfieren las plantas a entidades públicas una vez que la vida útil de la infraestructura está por terminar o se acaba".

Agrega que lo mismo pasa con las represas, también construidas por el sector privado, que funcionan con contratos de operación y transferencia. "Es el caso de Zapotillo: las empresas que se llevan el contrato tienen el control del agua 25 o 30 años; después se la pasan al gobierno".

Campeso considera que es la apropiación de un recurso vital por entes privados, ya que en el análisis de la participación de estas empresas se ha encontrado que "cada vez les interesan menos los formatos de concesión de un municipio, que tiene altos riesgos y sigue siendo problemático; Argentina y Bolivia, donde las protestas llevaron a los gobiernos a cancelar los contratos, son un ejemplo".

Experiencias de privatización de servicios de agua en México

En las 16 delegaciones del Distrito Federal son empresas privadas, como Gutsa o Suez, las que con el membrete de Sistema de Aguas de la Ciudad de México desde hace varios años emiten las boletas para el cobro por consumo de agua.

En Aguascalientes, el municipio concesionó por 30 años -vence en 2023- a una empresa subsidiaria de Vivendi la cobranza, administración, trabajos de rehabilitación y operación de las tuberías de agua potable. Ésta fue la primera experiencia a escala nacional de privatización integral del servicio de agua potable. En la primera década de la concesión un estudio detectó problemas como aumento en la tarifa -que iniciaron antes de la concesión de los servicios, pero que fueron más significativos y constantes a partir de ésta-, y una fuerte presión para disciplinar a los usuarios mediante el pago por el servicio o suspensión del mismo, indica el estudio El acceso a los servicios de agua potable en México: el caso de la ciudad de Aguascalientes, de Fernando Saavedra. de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

Agrega que allí se mantenían problemas operativos del sistema como tandeos -un corte en el suministro de agua como mecanismo para equilibrar la extracción de agua con su regeneración-, pero no son equitativos entre los usuarios; también fugas en la conducción, con desperdicio del agua de 45 por ciento. Entre los logros de la empresa están aumentar el número de medidores en los hogares para hacer más eficiente el sistema comercial y una cobertura de agua dentro de la vivienda del 95, indica.

"Sin embargo, subsisten las pérdidas, el tema del financiamiento para el crecimiento del sistema no se ha resuelto, al cual se agrega el problema de las tarifas (.) la sobrexplotación de los acuíferos se mantiene, y la sustentabilidad ambiental sigue comprometida no sólo por la extracción de agua, sino también por falta de tratamiento de las aguas vertidas."

En Saltillo el manejo del servicio de agua potable lo hace una empresa mixta, en la que actualmente el municipio tiene 54 por ciento de las acciones y el resto Aguas de Barcelona, que pasó a ser parte del consorcio de la francesa Suez. Aquí se aprobaron incrementos a las tarifas de acuerdo con la inflación, "pero esto no se respeta y se han hecho cobros indebidos; a la población se le corta el servicio con frecuencia y deben pagar una cuota por reconexión que resulta costosa", indica Cindi McCulligh, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, quien agrega que además se ha privatizado el sistema de riego de parques y jardines; los colonos deben hacer un contrato con Aguas de Saltillo para que se encargue del servicio de esas áreas públicas.

Menciona, por último, que en Guadalajara se ha dado un proceso de privatización del líquido mediante obras de infraestructura, entre las que ahora se prevé la construcción de un acueducto en lago de Chapala con una empresa privada que se haría cargo de su manejo durante 20 años. Y en Cancún opera la compañía Desarrollos Hidráulicos bajo concesión desde 1993 y por 30 años para el manejo de agua potable, saneamiento y tratamiento de residuales.