SCJN analizará controversias por reforma educativa
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Los ministros de la Corte analizan las cuatro controversias constitucionales que envió el presidente Enrique Peña Nieto por la reforma educativa.
Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició las gestiones para analizar las cuatro controversias constitucionales que presentó el Presidente de la República en contra del Poder Legislativo y Ejecutivos de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Sonora.Esto significa que los expedientes fueron turnados a diversos ministros quienes estarán encargados de elaborar este análisis para determinar si las controversias proceden o no.
De acuerdo con información oficial, los procesos fueron turnados a los ministros de la siguiente manera: Arturo Zaldívar revisará el caso de Chiapas; Alberto Gelacio Pérez Dayán, el de Sonora; Fernando Franco, el de Michoacán, y Jorge Mario Pardo Rebolledo, Oaxaca.
Estos ministros serán los encargados de redactar los proyectos de resolución y determinar si las constancias presentadas por el Ejecutivo son procedentes o no. Aun cuando no hay plazo perentorio para resolver, se proyecta que el proceso de trámite se acelere por tratarse de un tema relevante para la nación.
Por lo pronto, los ministros emplazaron a las partes involucradas a que presenten sus alegatos para estar en condiciones de elaborar los proyectos de dictamen correspondientes.
Las controversias fueron presentadas por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República el pasado 13 de abril; un día después, la presidencia de la Suprema Corte la admitió a trámite y este 21 de abril fueron registradas con los números 37/2014, 38/2014, 39/2014 y 40/2014 y turnadas a los ministros correspondientes.
La semana pasada, el vocero de la Secretaría de Gobernación, Eduardo Sánchez, y el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Humberto Castillejos, anunciaron en conferencia de prensa la medida para obligar al Congreso de Oaxaca a acatar la reforma educativa y, en el caso del resto de los estados, invalidar las normas jurídicas que se oponen a los cambios en la Ley General de Servicio Profesional.