Reforma de órgano de derechos humanos divide a la OEA

Washington.- Más de medio centenar de organizaciones a favor de los derechos civiles de América Latina, EE UU, Inglaterra y Francia reclamaron este viernes al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que garantice la independencia de su principal organismo de defensa de los derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la tarea de reforma de su estatuto y funcionamiento, que la OEA deberá acometer en los próximos meses. Los activistas han denunciado que las propuestas presentadas por un grupo de trabajo formado por los Estados miembros dañarán la autonomía de la Comisión y perjudicarán el acceso a la justicia de millones de ciudadanos y victimas de violaciones de libertades públicas.

"Las víctimas vemos con preocupación la situación de riesgo al que varios países de la OEA están sometiendo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos", advirtió Ester Alvarenga, representante de la Asociación Pro-Búsqueda de Niños Desparecidos de El Salvador. Los Estados integrantes del ALBA han liderado las críticas hacia la CIDH, una institución que en los últimos meses ha resuelto en contra de varios de sus Gobiernos. Aunque Venezuela, Ecuador, Bolivia o Nicaragua son quienes han encabezado las exigencias de un cambio en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), Argentina, Guatemala o Brasil - que en 2011 retiró a su embajador ante la OEA tras la petición oficial de la CIDH de ordenar la suspensión de la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte- también se han sumado a su petición.

La reforma de la CIDH es una de las tareas más importantes que deberá abordar la OEA en el próximo semestre. "Es la coyuntura más difícil a la que se ha enfrentado la organización en los últimos años", ha reclacado Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Center for Justice and International Law (CEJIL), uno de os grupos presentes en la reunión de ayer. La decisión que adopte su Consejo Permanente deberá mantener un difícil equilibrio que pasa por garantizar la credibilidad jurídica de la mayor institución internacional para la defensa de los derechos humanos y libertades públicas de América Latina, sin soliviantar a aquellos Estados más críticos con las resoluciones del CIDH -que ya han amenazado con seguir el ejemplo de Venezuela, que en septiembre renunció a someterse a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos-.

Una gran parte de los Estados de la OEA, entre ellos Ecuador, Venezuela o Nicaragua, consideran que el actual SIDH carece de sentido al haber desaparecido las dictaduras en América Latina. Este verano, en la sesión inaugural de su Asamblea General en Cochabamba, los presidentes de Bolivia y Ecuador, Evo Morales y Rafael Correa, advirtió de que su país podría retirarse del SIDH y que se planteaba impulsar la creación de un organismo similar en Unasur. El CIDH requirió al mandatario ecuatoriano que retirara la denuncia que interpuso contra los responsabledel diario El Universo por injurias.

Durante la cumbre en Cochabamba, los representantes de Venezuela, Argentina y Brasil criticaron muy duramente la labor de la CIDH. El embajador venezolano ante la OEA acusó a la institución de tener detrás a "una mafia" que funciona como "una inquisición especialmente contra gobiernos de izquierda". Fue durante la reunión en la localidad boliviana donde se encargó al Consejo Permanente elaborar un proceso de reforma del SIDH a partir de las conclusiones del grupo de trabajo de los Estados miembros y de las aportaciones ofrecidas por los representantes de la sociedad civil.

Los grupos que el viernes acudieron a presentar sus iniciativas cuestionaron durante sus intervenciones los intentos de reforma propuestos por varios de los países de la OEA asegurando que algunos gobiernos pretenden debilitar a la CIDH. ."Si se avanza en una parte importante de las reformas que se proponen, se le cortará las alas a la CIDH y eso tendrá efectos para la OEA, ya el SIDH hasta ahora había sido considerado la joya de la corona de la Organización y la Comisión su organismo de mayor reputación", advierte Krsticevic.

Las propuestas que más críticas han suscitado entre las organizaciones de derechos civiles se refieren a la limitación de la capacidad de la CIDH para procesar denuncias individuales; la imposibilidad para ordenar la adopción de medidas cautelares para garantizar la protección de víctimas potenciales o la restricción de la capacidad de las relatorías de la Comisión, en concreto de la responsable de garantizar la libertad de expresión, para hacer un seguimiento de los problemas más importantes de la región. "Ahora mismo no hay otro lugar donde buscar justicia", se lamentaba Valentina Rosendo, una mexicana de 27 años que hace 10 fue víctima de una agresión sexual por parte de militares de su país y que en 2007 vio cómo, gracias a la labor de la CIDH, la Corte fallaba a su favor.

Frente a los países críticos con la función del SIDH, hay otros Estados que defienden la eficacia de la CIDH. Guillermo Cochez, el embajador de Panamá ante la OEA, destacó el papel de la comisión para "apuntalar algunos fallos estructurales que todavía tienen algunas de las democracias de la región con problemas serios de derechos humanos". La división en el seno de la organización sobre la forma de acometer la reforma del SIDH mantiene viva la esperanza de los grupos de derechos civiles de que, finalmente, la reforma "no cercenará la capacidad de actuación y defensa de las libertades públicas de la CIDH".

"La CIDH tiene que seguir siendo incómoda para los Gobiernos, eso es señal de que está haciendo su tarea", puntualiza Krsticevic.