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Recuerdan crimen de Norma Corona

CULIACAN, Sin.- A 17 años del asesinato de Norma Corona Sapién, presidenta de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, su caso permanece sin esclarecer e impune, ya que en las investigaciones no se llegó hasta al fondo, por lo que se desconoce el móvil real del crimen, dice Oscar Loza Ochoa, compañero de luchas de la defensora social.

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jueves, 11 de diciembre del 2008

    El entrevistado recuerda que después del homicidio de Corona, la federación aceleró la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

    La mujer fue asesinada el 21 de mayo de 1991, cuando se dirigía a su auto, un Cougar gris estacionado a una calle del edificio central de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

    En su memoria, la mañana de ayer fueron colocadas ofrendas florales en la banqueta de la calle Ignacio Zaragoza casi esquina con Rivapalacio, en el segundo cuadro de Culiacán, justo en el sitio donde cayó sin vida, después de recibir cuatro balazos.

    Loza Ochoa, ex ombudsman y amigo de la víctima, recuerda que Corona murió luego del interés que ella mostró por investigar el secuestro y ejecución de un abogado y tres venezolanos, hechos registrados dos meses antes en esta ciudad capital.

    El asesinato de esta mujer -asentó el entrevistado- motivó que el Gobierno Federal diera paso a la creación de la CNDH, en el sexenio salinista y cuando el gobernador del estado era Francisco Labastida Ochoa.

    En un operativo de una precisión cronométrica, agentes de la desaparecida Policía Judicial Federal, dependiente de la Procuraduría General de la República, a bordo de una camioneta Suburban, matrícula UHF, sacaron por la fuerza de sus hogares al jurista Jesús Güemes Castro, así como a José Vladimir Mendoza, Amaury Glaciano Plancharte y Julio Suate, estos tres últimos, venezolanos. Asunto que motivó el interés de la defensora social.

    Las investigaciones efectuadas por la PGR con relación al caso del asesinato de Norma Corona llevaron a la detención de cinco personas, presumiblemente vinculadas con el crimen de la defensora de los Derechos Humanos, entre ellos, el ex comandante de la Policía Ministerial del estado, Santos Arellano Bazán.