Rechazan tomar clases fuera de Nueva Jerusalén
COMPARTIR
TEMAS
"Ir a la comunidad de La Injertada es aceptar que fuimos desterrados y avalar la supremacía del grupo de Martín de Tours", argumentan padres opositores.
Morelia. Al cumplirse 11 días sin labores educativas en la comunidad de Nueva Jerusalén, Michoacán, padres de familia aseguraron que prefieren que sus hijos pierdan el ciclo escolar a enviarlos a estudiar a escuelas de comunidades cercanas.
La oposición del llamado grupo laico reside en que si ellos aceptan que la educación básica sea impartida en La Injertada implícitamente están avalando que serán desterrados de Nueva Jerusalén y que se percibirá que existe supremacía del grupo que encabeza Martín de Tours para imponer su voluntad, incluso por encima del estado de derecho.
El vocero del llamado grupo liberal, Emiliano Juárez, afirmó que los padres de familia insisten en la construcción de una escuela propia y en el restablecimiento del orden en la comunidad.
Afirmó que sólo así los niños podrán regresar a clases sin el temor de que sus escuelas vuelvan a ser agredidas por los fanáticos.
En tanto, el presidente municipal de Turicato, Salvador Barrera Medrano, afirmó que si los salones que construirán en La Injertada son edificados con materiales prefabricados el próximo lunes estarían concluidos.
Sin embargo, el edil consideró que el conflicto lejos de acercarse a una solución se perfila hacia un nuevo episodio, debido a que hay resistencia de los pobladores disidentes porque sus hijos reciban clases en la comunidad vecina.
Explicó que luego de la reunión que sostuvieron el pasado viernes con los pobladores y autoridades estatales y federales se acordó que habría libre tránsito para quienes quisieran inscribir a sus hijos en la escuela oficial.
Abundó que avanzar para distender el conflicto depende de la postura que asuma el "grupo radical" que lidera Martín de Tours.
"He dicho que no se trata de ceder porque la ley no está para concesiones, sino que es cuestión de hacerlos entender de que no tienen la razón y que nosotros como instancias gubernamentales estamos obligados hacer cumplir la ley", abundó.
Al mismo tiempo añadió que ninguno de los acuerdos que se tomen para establecer una convivencia pacífica deberán ser tomados como si se tratara de una victoria para un grupo sino para la comunidad en general.
En relación a las investigaciones que encabeza la Procuraduría General de Justicia Estatal sobre la destrucción de las aulas, Salvador Barrera afirmó que por tratarse de un delito consumado debe haber responsables que tendrán que ser aprehendidos.